DESPUÉS de abrir decenas de frentes en cuatro meses y reformar, recortar o amenazar por tierra, mar y aire, el Gobierno ha sacado bandera blanca. Resulta que con tanto desavío los mercados no se calman y, por el contrario, la retaguardia amenaza galerna. Una retaguardia que empieza por los que no son de obediencia debida; léase catalanes, vascos, andaluces y canarios. Así que el Gobierno ayer nos sorprende con una oferta de ¡diálogo! Ahí es nada, en este país de capuletos y montescos.

Quiere el PP evitar que los socialistas utilicen sus mismas armas en las dos últimas legislaturas; o sea, irse por la calle de en medio al Tribunal Constitucional. Y ha pedido al PSOE negociar la reforma de la Administración, para evitar que le lluevan los recursos. País Vasco, Andalucía, Canarias y Cataluña están en contra de varias reformas impuestas por el directorio central, en materia laboral, educativa o sanitaria. Incluso Galicia. Toda una revuelta regional. Unos y otros anuncian que no aplicarán en su territorio éste o aquel dictado del Gobierno.

Vamos camino de una España a la carta. Cada autonomía acepta unas leyes y recurre otras. Y, ya que estamos, ¿por qué no los ciudadanos? El Gobierno ha lanzado un globo sonda sobre un posible peaje en las autovías. Se puede extrapolar la idea a otros ámbitos, y que sólo los que tengan hijos paguen por las escuelas o que los usuarios de la sanidad privada no tributen por la pública. Si España está en bancarrota porque mucha gente ha vivido por encima de sus posibilidades, los que no tengan deudas deberían tener una prima. ¡Impuestos a la carta! Y en vez de ciudadanos, clientes. Un despropósito.

Hay que refundar el Estado de bienestar sobre otras bases, pero con más prudencia. No sólo falta diálogo, sino también un profundo debate en el Congreso sobre el conjunto de reformas. Que todos los grupos expliquen cómo lo harían. Y abordar asuntos que ahora están fuera de la agenda, como las administraciones públicas. Es un tema planteado esta semana por Mariano Rajoy en la cumbre del Banco Central Europeo. El presidente dijo que será preciso "eliminar duplicidades innecesarias y solapamientos indeseables, con supresión de entidades y organismos que no resistan una prueba de utilidad o cuyo coste resulte desproporcionado".

De acuerdo, por completo. Pero el propio Rajoy no admite la duplicidad provocada por una administración territorial del primer tercio del XIX, que cohabita con otra de finales del XX. Diputaciones y autonomías se solapan. Y el Senado como segunda cámara legisladora, sobra. Todo lo que enmiendan los senadores, vuelve a manos del Congreso. Es bastante inútil. Sin embargo, ambas cosas exigirían un acuerdo entre PP y PSOE, y una reforma de la Constitución. Así que no se harán. La España a la carta no está tan lejos.