DOS párrafos de la información publicada ayer sobre la exigencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de que se excarcele e indemnice a una etarra, manifestándose así contra la doctrina Parot, dan la medida de las lagunas, insuficiencias o errores de la legislación española. En uno de ellos se dice: "Inés del Río fue detenida en Zaragoza en julio de 1988, cuando se dirigía en un vehículo con 35 kilos de amonal a Torremolinos para iniciar una serie de atentados en la Costa del Sol. Fue condenada a más de 3.000 años de cárcel, de los cuales 2.232 correspondieron a la ayuda que prestó al comando Madrid, liderado por Ignacio de Juana Chaos, para perpetrar el atentado contra un convoy de la Guardia Civil en la plaza de la República Dominicana, en el que hubo 14 muertos y 40 heridos". Tenemos por este lado a una terrorista dispuesta a poner bombas en Málaga y colaboradora del comando etarra que protagonizó una de las más mortíferas acciones terroristas llevadas a cabo en Madrid, por lo que fue condenada a más de 3.000 años de cárcel.

En el otro párrafo se dice: "Un mes y medio antes de su puesta en libertad -prevista para el 2 de julio de 2008-, tras 20 años en prisión -10 menos del máximo establecido de 30 por los beneficios penitenciarios- la Audiencia Nacional le aplicó la doctrina Parot y fijó su excarcelación para el 27 de julio de 2017". Tenemos por este otro lado que en este curioso país nuestro -más democrático, compasivo, justo y humanitario que cualquier otro, aunque nos gane por muchos años en experiencia democrática- los 3.000 años de cárcel se convierten en el máximo de 30 que nuestra legislación permite. Y que esos 30 se reducen, a su vez, a 20; porque aquí a los asesinos terroristas se les aplican beneficios penitenciarios como si fueran delincuentes comunes. La doctrina Parot, chapuza que intentó enmendar estas chapuzas legales nuestras, amplió su condena a nueve años más de cárcel. Los 3.000 años se convirtieron así en 29.

Pero como todo es resultado de chapuzas que además se perpetúan, porque ni el PP ni el PSOE se atreven a abordar la cuestión de la cadena perpetua, el Tribunal de Estrasburgo ha fallado por unanimidad que España violó los artículos 7 (no hay pena sin ley) y 5.1 (derecho a la libertad y a la seguridad) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, pidiendo "la puesta en libertad en la mayor brevedad posible" de la terrorista, que se la indemnice con 30.000 euros por los daños morales causados y que se añadan 1.500 euros por gastos y costas. Y lo peor es que tal vez, ley en mano, tengan razón. Curioso país nuestro. Por no decir otra cosa.