ERC presentará este viernes su enmienda para modificar el delito de malversación con el objetivo de descargar de la pena de inhabilitación a cuatro de sus dirigentes –entre éstos, Oriol Junqueras– y evitar que otros 12 cargos medios entren en prisión o sean condenados por cometer este delito. El interrogante que se resolverá esta mañana es cómo creen ERC y el Gobierno que se puede reformar este tipo penal sin causar efectos colaterales no deseados, como los que han provocado la llamada ley del sólo sí es sí. Es decir, sin que se beneficien de ello los que los republicanos catalanes entienden como reos de malversación negra, porque la de ellos es, puramente, blanca, cometida por causas políticas. Que es casi peor.

El estropicio judicial puede ser de tal magnitud que lo mejor sería no modificar el tipo de la malversación, sino rebajar las penas para según qué casuística. Lo cierto es que no saben cómo hacerlo, y por eso sostienen que están trabajando en una reforma “quirúrgica”: aquí, los de ERC, y al otro lado, los demás mortales, corruptos y sinvergüenzas.

Es muy difícil evitar que la modificación del delito de malversación no vaya a tener efectos colaterales

A Josep Maria Jové, que es un hombre de máxima confianza de Oriol Junqueras, se le acusa de desviar 2,1 millones de euros para el referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre de 2017. Es decir, destinar dinero público a un acto que se considera ilegal, que es lo que hicieron algunos de los condenados por la pieza principal de los ERE, pagar un programa que ellos consideraban legal, pero que la Justicia ha declarado fuera de la ley. Es peor, Jové sí estaba avisado de que la convocatoria era ilegal.

Antes de la aprobación de la ley del sólo sí es sí, habría pensado que los letrados de las Cortes y los equipos jurídicos de los ministerios avisarían de esos efectos colaterales, pero ahora desconfío. Un jurista que se supone tan prestigioso como Edmundo Bal, portavoz adjunto de Ciudadanos y antes representante de la Abogacía del Estado para asuntos penales, defendió ante su grupo parlamentario que la ley del sólo sí es sí no implicaba una rebaja de penas.

Esta mañana habrá cientos de abogados defensores dedicados a estudiar cómo afectará a sus clientes acusados, o encarcelados, la modificación del delito de malversación, que es el instrumento que ha permitido a jueces y fiscales perseguir la corrupción porque el lucro propio o el de terceros es muy difícil de probar.