SÓLO Suecia, Dinamarca y Bélgica superan a España en la suma de gravámenes de los tres grandes impuestos europeos (IRPF, Sociedades e IVA). En lo que va de legislatura, el Gobierno de Rajoy los ha subido todos. Andalucía se apunta a la fiesta con el segundo tramo autonómico más elevado en el impuesto de la renta, sólo por detrás de Cataluña. Existen asimismo tributos exclusivamente andaluces: hasta cuatro en el ámbito medioambiental (emisión de gases a la atmósfera, aguas litorales, residuos radioactivos y residuos peligrosos); uno en el financiero (depósitos de clientes); otro sobre las bolsas de plástico; y el denominado canon de mejora, que grava la utilización del agua de uso urbano. El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, adelantó esta semana que en breve habrá nuevas figuras impositivas.

Los ayuntamientos se nutren del IBI (su gran mina); un IAE afortunadamente descafeinado por la exenciones, que benefician a quienes facturen menos de 1 millón de euros; el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras; el de vehículos de tracción mecánica; el de plusvalías (incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana); y el de gastos suntuarios (cotos de caza y pesca). La guinda la ponen las tasas. En Sevilla, por ejemplo, existen 28. En Cádiz 22. Y en Málaga 13. Para no cansar al lector, este listado no incluye los precios públicos.

Con semejante despliegue recaudador, cualquier español, y sobre todo cualquier andaluz, está legitimado para creer firmemente que las administraciones públicas en torno a las que orbita su vida fiscal funcionan bajo el principio irrenunciable de la excelencia. Es obvio que espere ciudades limpias y seguras, una educación a la altura de Harvard y Oxford, y la sanidad a la que cualquiera se encomendaría ciegamente cuando vienen mal dadas. Es aún más obvio que presuma una atención exquisita en ventanilla, una eficacia probada y una seriedad tan nórdica como las cifras que paga.

Nuestra educación primaria y secundaria es mala y empeora; la universitaria todavía exporta talento pero está lejos de las cumbres mundiales (ninguna se cuela en el top 50); hay un exceso fraudulento de másteres; el sistema sanitario convive con la pérdida progresiva de recursos y con el pernicioso fenómeno de la privatización; la atención en ventanilla es pésima; la eficacia una utopía y la seriedad una extravagancia. El dinero que riega las arcas del Estado, la Junta y los ayuntamientos no pretende mejorar la vida del atribulado contribuyente sino tapar los derroches del pasado (lo llaman déficit) sin dejar de eternizar la superestructura de los privilegios de la casta a través de cientos de miles de cargos, organismos, dietas, flotas, protocolo y viajes en primera. La singularidad andalusí se manifiesta vía subsidios o paguitas, para quien verdaderamente los necesita pero también para quienes llevan siglos viviendo del cuento. En este contexto, pagar emparienta no con el ideal del bien común sino con la lacra de la estupidez.