EL decreto de vivienda de la Junta fue convalidado esta semana por el Parlamento autonómico. Pasó las aduanas jurídico-políticas internas: el Gobierno de la nación no lo recurrió y el PP andaluz ni siquiera votó en contra, optando por la abstención.

La noticia es la activación de la barrera europea. La Comisión de la UE ha solicitado formalmente al Ministerio de Economía que le amplíe la información sobre esta norma andaluza, que también impulsará en su territorio el Gobierno canario. Pretende evaluar si las medidas recogidas en la ley son compatibles con las condiciones asumidas por España para recibir los fondos que permitieron rescatar a la banca en peligro.

De las dos medidas fundamentales contempladas en el decreto, la que trata de frenar los desahucios de familias que se han empobrecido hasta el punto de no poder pagar sus hipotecas -de ambición modesta, si se analizan los requisitos exigidos- no parece que plantee ningún problema a la Comisión Europea. El conflicto viene más bien de la otra: la posibilidad de sancionar con multas o expropiar temporalmente los pisos de bancos y promotoras que no salgan al mercado para su venta o alquiler. Esto es lo que eventualmente podría contradecir los requisitos que nos impusieron para el saneamiento del sector financiero y, si me apuran, cuestionar el libre mercado y el derecho de propiedad, dos de los tabúes de la construcción europea.

La indagación de la UE, que no llega a ser admonitoria pero sí inquietante, ha sido recibida con el lógico malestar por los afectados. La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha mostrado -de modo razonable, que es un adjetivo que ella no está acostumbrada a que se le aplique- su sorpresa por el hecho de que Europa, que ha estado veinte años sin ver la incompatibilidad evidente entre la legislación hipotecaria española y la directiva europea de protección a los consumidores, haya tardado sólo un mes en preocuparse por el moderado decreto de una comunidad autónoma.

El presidente Griñán, por su parte, se ha pasado de frenada comentando el mismo tema. Decir que si son ciertas las dudas de la UE sobre el decreto de vivienda es que "Europa no merece la pena" supone una exageración. Europa, incluso como está ahora, a España le merece mucho la pena. Y el ejemplo del banquero que se ha jubilado con 88 millones -una obscenidad, ciertamente- es demagogia. Le jubiló un banco que no ha sido rescatado.