CUANDO soplan aires de disolución, parece inevitable un balance de la actuación gubernamental. La actual legislatura andaluza ha venido marcada no tanto por el relevo al frente de la Presidencia (que no ha generado orientaciones sustancialmente nuevas de la acción de gobierno), sino más bien por dos factores novedosos. De un lado la instrucción del caso de los ERE, y de otro, la presencia de Izquierda Unida en el Gobierno. Son argumentos que han afectado al mismo núcleo de la acción de la Junta.

Con independencia de las implicaciones penales de la larga instrucción judicial de la juez Alaya, parece que su impacto sobre la actuación de la Junta ha suscitado el efecto de una bomba de neutrones: las posibilidades de avanzar hacia una gestión pública estratégica ajustada a pautas innovadoras, operando en sistemas de red mediante consensos con el tejido social (incluyendo, lógicamente, al sector privado), han quedado colapsadas ante el riesgo difuso de cualquier amenaza de tipo penal. Y el funcionariado no ha tenido más remedio que refugiarse en su trinchera jurídico-administrativa más ancestral, apostando por informes elusivos de su propia responsabilidad y mirando con desconfianza a sus propios responsables políticos.

El resultado, en forma de bloqueo de la acción de gobierno, tiene un nombre a partir de los americanos Bachrach y Baratz: la no-acción. Es decir, que más allá de las rutinas administrativas establecidas, la actividad intervencionista de la Junta constituye una especie de páramo vacío y desolado. Todo un escenario de sospechas y desencuentros, donde vuelve a hacerse presente el más perverso aforismo burocrático: quien no hace nada, no se equivoca.

Seguramente echamos de menos la existencia de observatorios medianamente solventes, capaces de valorar la actuación de los aparatos públicos sobre la base de argumentos críticos y objetivos: entre el recelo o la desconfianza de los propios gobernantes y el desparpajo hipercrítico de los medios de comunicación (que sitúan su foco de atención sobre los aspectos más espectaculares, es decir, sobre la corrupción), la posibilidad de un análisis solvente de la actividad intervencionista del Gobierno andaluz se hace casi imposible. Y el ciudadano se acabará guiando por las habituales simplificaciones: las visiones idílicas o apologéticas de la clase gobernante, frente a las hipercríticas o apocalípticas del resto. Sin que exista el término medio de una opinión objetiva y ponderada.

En cuanto a la presencia de Izquierda Unida, parece implicar una apuesta por una gestión pública a la que podríamos calificar como "exclusivamente pública". Lo que, sobre el papel, resulta muy respetable si no fuera porque se sitúa en claves históricas propias de hace más de medio siglo. Porque se supone que, en el siglo XXI, la lógica democrática de los sistemas de red, junto al paradigma de la gobernanza y la participación, exigen una gestión pública basada en consensos con el tejido social (donde se incluye, lógicamente, al sector privado). El legítimo sueño de que el desarrollo efectivo del Estado de bienestar deba depender exclusivamente del propio sector público, aparte de ser un escenario válido solamente para periodos de exuberancia financiera, parece ignorar -por ejemplo- que uno de los más espectaculares avances en este campo se ha venido produciendo desde hace décadas alrededor del sector privado y en concreto del sector bancario: el famoso sistema de los microcréditos puesto en marcha por el visionario Mohamed Yunus, premio nobel del año 2006.

Recordemos que la vieja visión del intervencionismo público propia de las etapas de la "planificación" de los años sesenta se asentaba al final sobre el reconocimiento implícito de un fracaso: la imposibilidad del sector público para disciplinar comportamientos privados o para incidir sobre la esfera de la economía de mercado, reiterando así las trincheras enfrentadas entre lo público y lo privado propias del liberalismo burgués. Y al final, sin una capacidad de diálogo efectivo con el tejido social (más allá de los movimientos sociales satélites), el avance hacia una gestión pública propia de una democracia avanzada se hace bastante dudoso.

Aunque las crisis sean a veces el momento adecuado para las grandes innovaciones históricas, las opciones del Gobierno andaluz, implacablemente amenazado desde la instancia judicial, parecen llevar hacia un enroque defensivo que sólo puede conducir hacia la pura rutina y la no-acción.

En todo caso, y vistas las circunstancias, sólo cabe pensar que, aparte de sacar conejos de la chistera, al Gobierno andaluz no le queda más que una trascendental tarea: pagar las facturas pendientes.