La tribuna

Manuel Clavero Arévalo

Financiacion y lenguas propias

Me ha llamado la atención que en las conversaciones que viene manteniendo el presidente Rodríguez Zapatero con los presidentes de las comunidades autónomas se le haya planteado por algunos de ellos, especialmente por el de Galicia, la necesidad de financiar los gastos de la lengua propia como señal de identidad de las comunidades que la tienen. El presidente del Gobierno ha accedido a ello.

Como es un tema constitucional conviene recordar lo que al respecto dice la Constitución. En su artículo tercero, establece que el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. Afortunadamente en España, el castellano -o español como propuso en el Senado Camilo José Cela- se habla en todo el territorio nacional y en todas las comunidades autónomas. No ocurre como en Bélgica, que comprende cuatro regiones lingüísticas: la de lengua francesa, la de lengua holandesa, la bilingüe de Bruselas-capital y la de lengua alemana.

El Estatuto del País Vasco en su artículo 6.1, establece que el euskera, lengua propia del pueblo vasco, tendrá como el castellano, carácter de lengua oficial en Euskadi, y todos sus habitantes tienen el derecho a conocer y usar ambas lenguas. El nuevo Estatuto de Cataluña de 19 de julio de 2006 ha introducido importantes modificaciones sobre el anterior de 18 de diciembre de 1979 y así su artículo 6 establece que el catalán es la lengua de uso normal y preferente de las administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos de Cataluña y es también la normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza. También establece que el Estado y la Generalitat deben emprender acciones para que el catalán tenga carácter oficial en la Unión Europea y en los organismos internacionales. El artículo 32 establece el derecho de todas las personas a no ser discriminadas por razones lingüísticas. Por su parte, el Estatuto de Galicia establece en su artículo 5 que la lengua propia de Galicia es el gallego. Los idiomas gallego y castellano son oficiales en Galicia y todos tienen derecho de conocerlo y usarlos. En las comunidades de Valencia, la lengua propia es el valenciano, y en la comunidad de Baleares es el catalán.

Ocurre que al transferirse la competencia educativa a las comunidades autónomas, algunas de las que tienen lengua propia, llevan a cabo las enseñanzas en dicha lengua y no en castellano, gracias a un fenómeno llamado de inmersión lingüística. Con la enseñanza no se esta cumpliendo en algunas comunidades autónomas con lengua propia el precepto constitucional según el cual el castellano es la lengua oficial del Estado y todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Nada digamos lo que ello significa para los inmigrantes.

Conviene recordar que la Constitución de 1931, en su artículo 50, establecía que las regiones autónomas podrán organizar la enseñanza en sus lenguas respectivas de acuerdo con las facultades que se concedan en sus estatutos. Es obligatorio el estudio de la lengua castellana y esta se usará también como instrumento de enseñanza en todos los centros de instrucción primaria y secundaría de las regiones autónomas. El Estado podrá mantener o crear en ellas, instituciones docentes de todos los grados de la enseñanza, en el idioma oficial de la República. Se trataba de un precepto que se intento incluir en la Constitución de 1978, sin que ello fuera posible.

Recientemente se ha hecho público un manifiesto por la lengua común, encabezado por Mario Vargas Llosa, que ha tenido miles de adhesiones, en solicitud al Parlamento español para que dicte una norma de rango adecuado en la que, entre otras cuestiones, figure el derecho de los ciudadanos que lo deseen a ser educados en lengua castellana, sea cual sea su lengua materna.

En mi opinión en el tema de la enseñanza bastaría con que se cumpliera lo que manda la Constitución ya que la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional es clara al respecto. Una muy reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que obligó a la Generalitat a incluir en los documentos previos a la matriculación en los ciclos de educación Infantil y Primaria una casilla con una pregunta sobre cuál es la lengua habitual del alumno con el fin de hacer efectivo su derecho a recibir la primera enseñanza en la lengua que elija, ya sea el castellano o el catalán. En el periódico El Mundo del pasado 6 de enero se publicaba una encuesta en la que el 87% de los consultados reclama una ley que garantice la enseñanza en castellano en todas las comunidades autónomas.

Viene todo esto a cuenta para que, cuando el presidente del Gobierno conceda financiación especial a las comunidades autónomas por los gastos que le produce tener lengua propia, exija que en todas ellas se enseñe en castellano y se aplique la Constitución.

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