LA actual crisis de Gibraltar, la enésima de las muchas que ya ha vivido España, tiene, sin embargo, una característica que la diferencia de las inmediatamente anteriores: esta vez el comportamiento altanero y chulesco del que suelen hacer gala las autoridades del Peñón se ha encontrado con una actitud resuelta del Gobierno español, que no ha dudado en hacer uso de los instrumentos de presión que tiene a su alcance, principalmente el endurecimiento de los controles de entrada y salida a la colonia. Londres y Gibraltar se habían acostumbrado a que la política de hechos consumados que se practicaba desde detrás de la Verja fuera respondida con paños calientes desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, temeroso de deteriorar las relaciones con un socio europeo de la importancia del Reino Unido. En estos pulsos, España prefería mirar para otro lado y esperar a que las aguas volvieran a su cauce. Esta vez, la abierta política de hostigamiento contra la flota pesquera artesanal de la bahía de Algeciras ha tenido su respuesta en la Verja y ni la intervención del primer ministro británico, David Cameron, ha servido para torcer la firme actitud que están manteniendo Rajoy y el ministro García Margallo. Más que en intentar presionar a Madrid, las autoridades de la metrópoli deberían dirigir sus esfuerzos a controlar los comportamientos del impulsivo Gobierno del Peñón, acostumbrado desde hace décadas a hacer su soberana voluntad sin atender a las razones del Derecho Internacional. Londres es responsable de que su colonia sea hoy un paraíso del contrabando y del blanqueo de dinero donde actúan mafias internacionales. También de que los sucesivos gobiernos gibraltareños se hayan instalado en la prepotencia. La decisión de arrojar bloques de hormigón en el caladero en el que pescaban los barcos de La Línea y Algeciras pone de relieve ese comportamiento al que España ahora ha decidido hacer frente. Así se deja traslucir del resultado de la conversación que mantuvieron el miércoles Rajoy y Cameron, en la que el presidente del Gobierno español hizo valer la pertinencia de los controles en la Verja para combatir el contrabando y la inaceptabilidad del hostigamiento a los pescadores. Es evidente que Gibraltar seguirá siendo origen de problemas para España durante muchos años, porque la solución de la restitución territorial no se ve ni en el horizonte lejano. Hay que acostumbrarse a convivir, mejor o peor, con una realidad anacrónica que constituye la negación de todos los ideales sobre los que se ha asentado la construcción europea. Como esa realidad de fondo no es susceptible de modificación en el corto plazo, más vale que se tenga una política clara al respecto. La de la firmeza y la de no dejase avasallar no es, ni mucho menos, la peor que se puede elegir.