LA familia de Ana María Albarrán ya sabía, mucho antes de ver en el periódico la ridícula sentencia contra los responsables de la espantosa tragedia tóxica de Bhopal (India), que la Justicia y la Política son un matrimonio de conveniencia ante el que resulta muy difícil hacer valer la verdad y la ética. Por desgracia, su calvario en los derrumbados muros del Bazar España, donde murieron cinco personas hace doce años, rubrica desde Sevilla las críticas del Cuerpo de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha) acerca de cómo se está poniendo fiscalmente contra la pared a las personas más desfavorecidas si el algodón de sus datos bancarios esclarece su anualidad, en lugar de explorar a fondo los enormes yacimientos de la economía sumergida para equilibrar la justicia impositiva. Hacienda reclama 40.000 euros a la familia de Ana María Albarrán porque la indemnización que libró el Ayuntamiento estaba en verdad tipificada como subvención, lo que devenga retención del IRPF. Indignante chapuza política.

Una vez más se demuestra que los gestos políticos de Monteseirín son ineficaces y contraproducentes. Recién llegado a la Alcaldía (el accidente tuvo lugar cuando Soledad Becerril tenía la vara de mando), se quiso marcar el tanto de político solidario con el dolor del vecino, para exhibir un talante distinto al de sus antecesores, y se sacó de la manga sin esperar al juicio que el Ayuntamiento daría una indemnización a cada familia rota por el suceso. Sin base legal para ello, y para no quedar desairado por la promesa dada, instó a sus colaboradores a que urdieran un subterfugio para indemnizar. Ya ven el eufemismo. Sólo pudieron ¡subvencionar a la familia por la muerte de su ser querido!

El dinero no lo es todo. Esto es una indignidad. Y Hacienda da la puntilla al desvelar a la familia la raíz del engaño y conminarla a que pase por caja. Otra lección para Zoido y Espadas. Éste es el Ayuntamiento que nadie quiere para sí.