LOS planes de pensiones de los eurodiputados han sido noticia por un doble motivo: haber disfrutado un tiempo de un complemento con fondos públicos, y ser gestionados bajo la figura de una sociedad gestora de inversiones de capital variable, conocida como Sicav. Hay varias cuestiones en torno al ahorro, sobre todo para la jubilación, sobre las que convendría reflexionar.

La primera, el carácter complementario que el ahorro para pensiones tiene respecto al compromiso de pensiones que asume el Estado con los que tienen derecho a las mismas. Hay una cierta animadversión en España hacia el ahorro para pensiones, como si pudiera convertirse en un sustituto del compromiso público. Esto ni siquiera debería plantearse, pues el ahorro para la jubilación es una decisión personal que puede tomar la forma de un plan de pensiones, o cualquier otra inversión, ya sea individual, o colectiva en fondos de inversión.

Dicho esto, la segunda cuestión a considerar es el carácter de riesgo que tiene la inversión; aun si se trata de productos de bajo riesgo, la inflación en otras épocas, o ahora lo contrario, con tipos de interés bajísimos, hace que muchos que habían ahorrado para disponer de una renta tras la jubilación se encuentren que deben asumir riesgo para obtener una rentabilidad. Fórmulas tradicionales en España como los depósitos o fondos garantizados tienen cada vez menos peso. La inversión colectiva en España en fondos de inversión es de unos 175.000 millones de euros, de los cuales 85.000 son en renta fija y liquidez; 42.000 garantizados, en retroceso; 27.000 fondos mixtos, en auge; y 21.000 en acciones, que han crecido y están ahora en una pausa.

En tercer lugar, la fiscalidad del ahorro no apoya de manera sostenida al mismo. Sólo se trata de evitar que no sea muy negativa comparada con otros países de nuestro entorno. Las famosas Sicavs prácticamente no tributan como sociedades pero sí los dividendos que reparten; la prevención contra las Sicavs viene de que algunas no se utilizan como tales vehículos de inversión colectiva, sino para la gestión de un patrimonio, pero esto requeriría que se ajustaran a su propósito, y a nadie debería llamarle la atención que un ahorro se gestionara mediante una Sicav. Los fondos de inversión tienen una fiscalidad similar, el fondo como tal no tributa, y el partícipe lo hace cuando vende sus participaciones. Y las aportaciones a planes de pensiones son deducibles de la base imponible del ahorrador, pero luego en el momento del rescate tributa, en general, como renta del trabajo.

Lo que debería preocuparnos a todos es cómo se gestionan los fondos públicos para hacer frente a los compromisos de pensiones, que en algunos países no son homogéneos y tienen compromisos especiales con funcionarios; y, al mismo tiempo, se estimula sin complejos el ahorro para la jubilación de trabajadores, autónomos y empresarios. Éste debería ser un debate permanente en el que se incentivara la aportación de las empresas y se abrieran los planes actuales a nuevas formas de ahorro. Desconocer esta necesidad es una irresponsabilidad política hacia el sistema de pensiones, privado y público.