EL Fondo Monetario Internacional (FMI), en su reciente informe sobre la economía española proponía reducir un 10% los salarios en los próximos dos años, para lo que recomendaba un pacto entre sindicatos, empresarios y Gobierno, según el cual los trabajadores aceptarían la rebaja de los sueldos mientras que las empresas se comprometerían a crear empleo. Por su parte, el Gobierno debería reducir las cotizaciones a la Seguridad Social, aunque podría aumentar los impuestos indirectos. Según el FMI las anteriores medidas permitirían un crecimiento del PIB del 5% en cinco años, un aumento del empleo del 7% y una caída de los precios que permitiría la recuperación del consumo. La propuesta recibió el apoyo del Vicepresidente de la Comisión Europea, Olli Rehn, que puso como ejemplo el éxito de políticas semejantes en Irlanda y Estonia, pero ha recibido un rechazo unánime de sindicatos y partidos políticos, tal vez porque advirtió que los que rechacen la propuesta "cargarán sobre sus hombros la enorme responsabilidad del coste social y humano". Dado esta amplia oposición, el solo hecho de considerar su posibilidad puede parecer políticamente incorrecto, pero no puede ser despachada como si fuese una mera frivolidad.

Los grandes problemas económicos con los que conviviremos los españoles en los próximos años son un altísimo desempleo y un elevado volumen de deuda. Además, estas dos restricciones son las que determinan que la demanda interna (consumo e inversión) no pueda aumentar de forma significativa. Por otra parte, España no dispone de la política de tipo de cambio que permita recuperar la competitividad-precio a corto plazo, mientras que la competitividad estructural (determinada por las capacidades tecnológicas, la dotación de capital humano, la dotación y capacidad empresarial) exige periodos amplios para producir cambios significativos.

De lo anterior se deriva que la reducción de los salarios es la única forma para mejorar la competitividad en el corto plazo al reducir el componente básico de los costes de producción, por lo que actuaría como una devaluación y, en consecuencia, aumentarían las exportaciones, lo que permitiría obtener un saldo exterior positivo e ir reduciendo el endeudamiento externo. Además, un abaratamiento de los costes laborales induciría a las empresas a crear empleo sin ver elevada la masa salarial contribuyendo a la reducción del paro.

En la fase de expansión los salarios españoles aumentaron un 12% más en términos relativos que la media de la UE y un 20% más que en Alemania. Desde 2007 se han reducido en torno a un 3% las remuneraciones salariales medias y se han destruido tres millones de puestos de trabajo. En otros países desarrollados el impacto de la crisis ha sido mucho menor en términos de pérdidas de puestos de trabajo (incluso ha aumentado el empleo), pero han reducido los salarios a valores cercanos al 10%.

El rechazo a la reducción salarial se sustenta en la idea de que "siempre pagan los mismos" y en la creencia de que incidiría negativamente en el consumo privado y, por tanto, en la posibilidad de recuperación. Pero los efectos de la crisis no sólo lo están pagando los asalariados, sino que están muy repartidos: en primer lugar, los que han perdido su empleo o los que nunca han podido trabajar; en segundo lugar, los empresarios de los miles de empresas que han cerrado o los que siguen manteniéndolas activas sin beneficios e incluso sosteniéndolas a costa de su patrimonio; en tercer lugar, los propietarios de inmuebles cuyos precios se han derrumbado o que, simplemente, son invendibles, y los accionistas de empresas cuya cotización ha llegado a reducirse a la mitad de su valor; en cuarto lugar, los jubilados que han sufrido el recorte de sus pensiones; y, por supuesto, los asalariados públicos y privados que han visto reducidos sus ingresos. Por tanto, los ajustes se han distribuido entre distinto colectivos sociales aunque cada grupo de afectados piense que la distribución no ha sido equitativa para con ellos.

Se conjetura que una reducción de los salarios reduciría el consumo, pero ese ahorro salarial no desaparece del sistema económico. Por el contrario, las empresas lo pueden aplicar a la inversión, a distribuir más beneficios, a crear más empleo, a pagar deudas, o a reducir los precios. Ese proceso de redistribución perjudica a algunos pero beneficia a otros: los parados que pueden ser contratados, la mejora del consumo inducida por la reducción de la inflación, o el aumento de las exportaciones favorecido por el aumento de la competitividad. Por tanto, una reducción significativa de aquellos salarios que hasta ahora han sufrido menos las consecuencias de la crisis sería beneficiosa desde las perspectiva del interés colectivo, aunque sería muy deseable que el Gobierno ponga más celo en las reformas que favorecen la competencia en los mercados de bienes y servicios, porque su insuficiencia da lugar a márgenes empresariales anormalmente elevados.