La esquina

josé / aguilar

Formación sin fraude

SEGURAMENTE por culpa de la campaña electoral ha pasado desapercibido el cambio introducido por el Gobierno en el sistema de formación de trabajadores y parados. El cambio se acordó, después de un año de negociación con los agentes sociales, en los días finales de la campaña, y va a ser para bien. Traerá una mejora en estas políticas, que han salido en los periódicos menos por su eficacia que por sus escándalos.

La mejora se refiere a las medidas de control y represión adoptadas para evitar el fraude. Que ha sido una característica prácticamente estructural de los cursos de formación realizados en los últimos años, sobre todo en Andalucía y Madrid, donde hay importantes procesos judiciales abiertos a sus gestores y beneficiarios. La formación iba camino de convertirse en la casa de tócame Roque: una serie de responsables políticos negligentes o culposos y de empresarios próximos, aprovechados y sobornadores malgastaron el dinero público con que se financiaban los cursos.

Se lo repartieron de mala manera. O conseguían los cursos de modo irregular, o inflaban los presupuestos, o falseaban las presencias, o subempleaban a los profesores, o incumplían los requisitos exigidos para la docencia, o no contrataban a los trabajadores una vez formados o todo eso a la vez. La autoridad correspondiente miraba hacia otro lado, cuando no era cómplice de los gestores.

Un descontrol al que ahora pretende poner freno el Gobierno. ¿Cómo? Imponiendo la libre concurrencia para la adjudicación en concurso de cualquier curso de formación, creando una unidad en la Inspección de Trabajo específicamente dedicada a combatir este fraude y aumentando las sanciones cuando lo detecten, eliminando la subcontratación y reduciendo al 25% el pago por adelantado de cada subvención (increíble: ahora puede llegar al 100 por 100). Pero lo fundamental, a mi juicio, ha sido la decisión de separar a los empresarios y sindicatos de la impartición de cursos. A partir de ahora participarán en el diseño y organización de las actividades formativas -que debió ser lo suyo desde el principio-, pero no se encargarán de darlos, administrarlos y mangonearlos. Si quieren impartir un curso, a presentar a alguna de sus fundaciones al concurso correspondiente, y a tratar de ganarlo limpiamente. No por sus siglas, como hasta ahora.

Una mamandurria menos y un uso correcto del dinero de todos más. Mejor.

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