La tribuna

eugenia Jiménez Gallego

Formación p rofesional inalcanzable

HOY en día hay estudios que muchos alumnos ven casi inalcanzables. Y es que les exigen entre un seis y un ocho como nota media en su expediente para hacerlo. ¿A qué estudios nos referimos? ¿A Ingeniería, tal vez? ¿A una doble titulación de Derecho y Finanzas? No, señores. Les ocurre a los jóvenes que tratan de estudiar un ciclo formativo de grado medio, que son los títulos de formación profesional más elementales de nuestro sistema, para convertirse por ejemplo en auxiliares de enfermería o farmacia, en cocineros/as, peluqueros/as... Así, alumnos/as que terminan su Secundaria con una vocación para dedicarse a estas profesiones tienen que olvidar sus sueños.

Es cierto que sus calificaciones suelen ser modestas, pero es que si tuvieran un expediente brillante probablemente no elegirían esos estudios profesionales, sino que cursarían un bachillerato para plantearse expectativas más altas. ¡Que les exijan esas notas es una paradoja! Y lo mismo les ocurre a los estudiantes que después de aprobar con mucho esfuerzo y poca nota el bachiller deciden por eso mismo no embarcarse en estudios universitarios, sino cursar la formación profesional de grado superior.

¿Cómo hemos llegado a esta situación? Pues es una consecuencia más de la crisis económica. Actualmente, muchos adultos con estudios pero en situación de desempleo de larga duración deciden matricularse y ocupan las plazas de los ciclos formativos, dejando fuera a los adolescentes que tienen un expediente menos lucido. Las alternativas que les quedan a estos jóvenes son matricularse en ciclos privados si pueden costearlos, en un bachillerato que no les atrae y que terminan abandonando, o en un ciclo que no les gusta para tardar dos años en conseguir otra nota media con la que competir, si es que quedan plazas en alguno. ¡Tremendas opciones! Y lo peor es que en los últimos años esas notas de acceso no han parado de elevarse, con lo cual este alumnado ve cada vez su meta más remota.

Entendemos que el dinero público con el que se financia la formación profesional tiene que proteger antes el derecho a la cualificación del que no tiene ninguna profesión que la recualificación del que ya tiene en su haber un título profesional o incluso una carrera universitaria, que ya en su momento supusieron inversión pública en esa persona. Y no porque seguir estudiando no sea una aspiración lícita, sobre todo en esta España nuestra herida de desempleo crónico y de titulitis, sino por la necesidad de priorizar derechos elementales.

La buena noticia es que puede paliarse esta injusticia sin coste económico, a puro golpe de boletín oficial. En primer lugar, estableciendo un cupo reducido de plazas para los ya titulados, como se hace en la universidad. Por otro lado, autorizando al alumnado que ya tiene la Secundaria a presentarse a las pruebas libres para mejorar su calificación, ya sean las de obtención del título de ESO o las de acceso a FP, al igual que es posible subir nota en Selectividad.

También sería poco costoso ampliar la oferta de plazas en Formación Profesional a distancia. O que se publiciten adecuadamente las asignaturas que los alumnos repetidores no tienen que cursar y en las que otros pueden matricularse como oferta parcial. Y el hecho de que tantos universitarios y técnicos estén optando por matricularse en formación profesional debería hacer reflexionar por otro lado a los responsables de la Consejería de Empleo. ¿No será que no hay suficiente oferta de cursos de formación profesional ocupacional para desempleados?

Asimismo debería tener consecuencias el alumno que abandona sus estudios profesionales a mitad de curso, dejando desierta una plaza tan deseada. Y no me refiero a los que se dan de baja antes de que termine el primer mes de clase, porque en ese caso el centro puede llamar al siguiente candidato en lista de espera, sino a los que lo hacen fuera de plazo irresponsablemente.

La actual situación de acceso tan excluyente a estos estudios, injusta y desmotivadora para nuestros jóvenes, tiene por tanto soluciones factibles en la mano de nuestros políticos. Y éstos, antes que plantearse la formación profesional dual y otras modernidades deberían centrarse en resolver los problemas reales de esta modalidad formativa. Esperemos que con la nueva ley que se nos avecina se cuiden mucho estas cuestiones de acceso, con cupos para distintos colectivos que permitan la igualdad de oportunidades. Y que nuestros gobernantes no hagan oídos sordos al clamor de tantos adolescentes que se encuentran hoy en día en un callejón sin salida.

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