LA Consejería de Educación ha cosechado un fracaso sin paliativos en Andalucía y, sobre todo, en Sevilla, donde el 65% de los profesores de Primaria y el 90% de los de Secundaria han rechazado el Programa de Mejora de la Calidad de la Enseñanza y con ello 100 millones de euros. Los profesores han antepuesto su dignidad como enseñantes al dinero -7.000 euros por cabeza a cobrar en cuatro años- con que pretendía incentivarles la Junta para que mejoraran las notas de sus alumnos y poder así maquillar la posición de nuestra comunidad en los rankings docentes, como el PISA de la OCDE, donde ha quedado más que acreditado el bajo nivel formativo de nuestros estudiantes. Dicho lisa y llanamente, los profesores andaluces han percibido el Plan de la Junta como un intento de soborno para incrementar el número de aprobados y desviar así sobre ellos toda la responsabilidad del fracaso educativo, aunque la Consejería no haya dejado de lanzar mensajes en sentido contrario y a la desesperada cuando intuía el masivo rechazo que se avecinaba. La situación de la enseñanza no se arregla en sólo cuatro años ni a golpe de talonario, ni tampoco descargando toda la responsabilidad sobre los enseñantes. Es necesario un gran Pacto Andaluz por la Educación que implique a todas las fuerzas políticas, los agentes sociales y los padres de familia para afrontar un desafío en el que está en juego el futuro de nuestros hijos y, por tanto, el de la propia colectividad en un mundo híper competitivo y globalizado donde nos arriesgamos a jugar un rol secundario por falta de formación. El director de un colegio de las Tres Mil Viviendas razonaba ayer que habían rechazado el plan de la Junta "porque parecería que lo que queremos es que nos paguen más, cuando los que estamos aquí lo hacemos porque nos gusta nuestro trabajo". La Junta todavía no ha entendido que los profesores no quieren dinero, sino sentirse queridos, atendidos, prestigiados y respaldados por toda la sociedad. Más que económica, ésta es una cuestión de motivación.