Por mucho que haya hecho Pedro Sánchez para rentabilizar el desalojo de Franco del Valle de los Caídos (hasta una declaración solemne en directo en los telediarios de mediodía), la salida de los restos del dictador del mausoleo levantado a su mayor gloria, 44 años después de su entierro, ha sido justa, necesaria y puesta en razón. La verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Había que hacerlo, aunque quien lo ha ejecutado persiga más bien un rédito electoral que ninguna otra cosa.

El Valle de los Caídos es una gran anomalía de la democracia española. Se construyó para conmemorar la Cruzada y albergar a las víctimas de uno de los bandos de la Guerra Civil (Caídos por Dios y por la Patria), amparándose en un doble sarcasmo: se financió con aquellas aportaciones voluntarias tan obligatorias propias del régimen franquista y se edificó por presos republicanos y comunes en condiciones de semiesclavitud. Se inauguró, cómo no, un 1 de abril, Día de la Victoria de los sublevados contra la legalidad republicana.

Habían pasado veinte años del final de una guerra fratricida -otra más en la sanguinaria historia de España, seguramente la última- que no trajo, en efecto, la Paz, sino la Victoria, como se decía en la película Las bicicletas son para el verano. La paz no llegó hasta 1978, cuando se aprobó la Constitución democrática como marco de convivencia entre las dos Españas al fin reconciliadas. Desde entonces la tumba de Franco en el Valle de los Caídos ha sido una anomalía. Su pervivencia sólo se entiende por la singularidad de la transición española a la democracia, basada en un pacto extraordinariamente fructífero entre demócratas y neofranquistas.

Se ladre lo que se ladre desde la ignorancia o la insolvencia, de aquella dictadura no quedaba nada en la sociedad española actual... salvo el Valle de los Caídos y la tumba de Franco. Lo que se hizo el jueves fue corregir el desatino histórico de un lugar dedicado a honrar públicamente la memoria de un dictador que se erigió en caudillo a sangre y fuego. Por acuerdo prácticamente unánime del Congreso de los Diputados, impulso del Gobierno legítimo y aval definitivo de la Justicia. Los tres poderes del Estado democrático unidos para extirpar una excrecencia antidemocrático que ha durado más que el propio franquismo.

A todo esto, no estoy yo muy seguro de que mucha gente vaya a votar el 10-N en función de este traslado fúnebre a Mingorrubio.