LA difusión de una investigación policial sobre fraude en la gestión de los fondos públicos destinados a la formación de los trabajadores ha derivado en una formidable polémica política, lo que menos conviene a la imprescindible represión de cualquier actividad irregular con visos de corrupción. La polémica ha venido servida porque el Ministerio del Interior ha anticipado temerariamente la idea de que se trataría de un fraude masivo que compromete a la Junta de Andalucía, de cuantía elevada y con ramificaciones en varias provincias andaluzas. El consejero de Educación ha salido al paso de la filtración acusando a Interior de abrir una causa general contra la Administración autonómica y circunscribiendo las irregularidades a algunas empresas de la provincia de Málaga. Creemos que en una comunidad autónoma sobre la que pesa el escándalo de los ERE, aún en fase de instrucción judicial, debe vigilarse estrictamente la concesión de ayudas públicas, extremarse los controles en todos los casos y, por supuesto, dejar trabajar con discreción y serenidad a la Policía y, posteriormente, a la Justicia, a fin de depurar las responsabilidades a que hubiere lugar y castigar como prevén las leyes y el Código Penal las irregularidades y corruptelas que se descubran y se demuestren, ya sean de empresas, agentes sociales o cargos públicos en ejercicio. Ni una concesión a las prácticas corruptas. Ello debe ser compatible con el rechazo a la utilización partidista de estos casos y a la creación de un ambiente de sospecha generalizada que implique a la Administración regional o a cualquier otra. Es un lugar común que en el pasado reciente la Junta no ha sido rigurosa en la concesión de subvenciones y el control del uso de los dineros públicos, propios o de la Unión Europea (que ha pedido explicaciones sobre el caso que nos ocupa, como es su obligación). La Cámara de Cuentas de Andalucía ha dictaminado que buena parte de los fondos públicos se han repartido algunos años sin cumplirse las condiciones de concurrencia competitiva que son exigibles y sin pedir cuentas a posteriori del uso dado a dichos fondos. Investíguese, pues, todo lo que haya que investigar, sin poner en cuestión frívolamente a todo el sistema de servidores públicos de la comunidad autónoma. La imagen de Andalucía no puede estar asociada de modo permanente a la corrupción sistemática. Porque no lo merece y porque no es real. Hay que delimitar los casos de irregularidades, acotarlos en sus justos términos y sancionar a quienes resulten culpables de los mismos. Pero Andalucía no ha de ser sancionada por el estigma de una conducta pública desviada y delictiva. Ni vale que la política partidista ayude a ello.

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