MIENTRAS en Andalucía el PSOE apela a la responsabilidad del Partido Popular para lograr que con su abstención permita la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta, por ser la minoría más votada en el Parlamento, la dirección federal del PSOE se declara dispuesta a autorizar pactos de investidura en toda España, en comunidades autónomas y ayuntamientos, con todos los partidos políticos excepto con Bildu y el PP. Nada de respetar la lista más votada, como promueven los socialistas andaluces en beneficio de su candidata: el PSOE de Pedro Sánchez manifiesta su firme voluntad de no respetar la minoría mayoritaria y de aliarse con quien sea con tal de arrebatar alcaldías y gobiernos autonómicos al partido actualmente en el Gobierno. Ya es chirriante que los socialistas españoles igualen en su rechazo y afán de aislamiento a un partido democrático que ha llegado al poder legítimamente en tres ocasiones durante la democracia con una organización que es heredera directa del terrorismo etarra y que persigue la liquidación de la unidad de España. Con una estrategia netamente frentista, el PSOE de Sánchez se muestra capaz de pactar con Podemos, Ciudadanos, IU, nacionalistas y cualesquiera otras formaciones minoritarias que sumen sus votos para impedir que se constituyan gobiernos populares. Se trata de reducir a toda costa el enorme poder acumulado por el PP tras las elecciones regionales y locales de 2011. Sin rehuir las alianzas con grupos dudosamente democráticos y sin reconocer las consecuencias más palmarias de esa estrategia: que allí donde alguno de estos socios obtenga más representación que el PSOE también se verá obligado el PSOE a conducirlo al poder con su apoyo, con tal de derrotar al Partido Popular. No pueden desconocer los dirigentes socialistas que Podemos o Ciudadanos les van a ofrecer sus concejales o sus diputados autonómicos gratuitamente, a cambio de nada, sino que, por el contrario, les exigirán que se negocie un pacto de alcance nacional que permita el intercambio de ayuntamientos y comunidades. Esta política cortoplacista puede ser lesiva para el interés general de España. Lo que conviene a la nación es asegurar la estabilidad que está en manos de los partidos mayoritarios identificados con la Constitución, no facilitar experimentos de retorcimiento de la voluntad ciudadana, incierta gobernación y división más que probable. La posición adelantada por la Ejecutiva Federal socialista puede calificarse de aventurera. No ayuda, desde luego, a que el PP haga una oposición responsable allí donde, como en Andalucía, los votantes lo han colocado en segundo lugar en sus preferencias.