LA globalización de las relaciones comerciales canalizadas con inmediatez por la que se dio en llamar red de redes, la mano de los inversionistas de quita y pon y gana, sumadas a las desbocadas expectativas imbuidas en el corazón y el bolsillo de los ahorradores de a pie, llevaron a la hinchazón excesiva y posterior reventón del sector tecnológico a principios de este siglo, no sólo en Estados Unidos. Puro aire al aire y vuelta a empezar.

En nuestra economía semiperiférica, la brecha entre el valor de uso y el de mercado de algo muy tangible como el ladrillo creó un globo no tan especulativo como aquel de las puntocom, pero que amenaza al statu quo económico de España. El primer caso -la burubuja tecnológica, que no sólo afectó a Estados Unidos y al Nasdaq; recordemos a Terra y a Villalonga, ahora missing- adolecía de poca solidez, excesos de financiación y una desmesurada fe en el elixir de internet; al segundo -que afecta a España y, de otra forma pero también y por ejemplo, a Estados Unidos- se lo dio en llamar burbuja inmobiliaria. Tras aquella inmaterialidad digital y esta merma del patrimonio doméstico más tangible, se erige ahora el furor de las energías renovables, a medio camino entre ambas euforias. Con el cambio climático de coartada, cabe pensar si la carrera de las grandes corporaciones por liderar este mercado emergente padece, de nuevo, de una aceleración algo artificial.

La contienda electoral que comienza tiene un rasgo de modernidad que debe ser considerado no ya positivo, sino necesario: entra en liza la sostenibilidad y la apuesta por las energías alternativas (nadie que no busque epatar a la audiencia osa apostar por las nucleares, pero ésa es otra historia), al mismo nivel que la inquietud económica exacerbada en esta misma semana con la gran inestabilidad de los precios consignada en noviembre. España lleva orejas de burro en los compromisos de Kioto, y -inocentes primos aparte- los partidos han accedido a bombo y platillo a esta nueva cancha de debate. Mientras y paralelamente, Iberdrola y Endesa (que ha hecho los deberes renovables al matrimoniar con la adelantada Acciona de Entrecanales) luchan en una excesiva y poco realista dinámica del pues yo más, elaborando planes fenomenales para los que probablemente no haya lugar con la actual legislación en la materia. ¿Cuánto hay de responsabilidad social corporativa? ¿Cuánto de tapada lucha por los mercados maduros nada sostenibles? ¿Cuánto de meter las cabras en el corral a las administraciones a favor de la corriente de opinión? ¿Cuánto de estrategia de futuro? ¿Cuánto de necesidad de financiación de grandes absorciones mediante el calentamiento bursátil? ¿Cuánto de frenar en origen la entrada de nuevos posibles competidores?

Los rasgos cambiantes de los mercados y las estrategias combinadas de grupos que operan en sectores diversos requieren acciones competitivas decididas. Y esto no sólo es lícito, sino necesario en una economía efervescente en la que éstas y algunas otras grandes empresas sostienen gran peso y responsabilidad, se midan éstos en términos de servicios públicos básicos, de número de empleados, de influencia en la bolsa o de representación internacional de España. Por estas mismas razones, se debe exigir que los objetivos declarados públicamente en un escenario de creciente sensibilidad medioambiental se correspondan con realidades y sus restricciones: espacio de verdad disponible para parques eólicos y huertos solares, posibilidad de que las instalaciones off-shore den frutos frente, pongamos, al levante y entre las corrientes del Estrecho, limitaciones de la legislación vigenteý y, sobre todo, la embrionaria productividad y rentabilidad de la generación de las energías de futuro. O sea, debe procurarse que las propias declaraciones y movimientos que se hagan desde las empresas sean sostenibles.