EXISTE una percepción bastante generalizada de que los miembros del Tribunal Constitucional no se ganan el sueldo-bastante alto, por cierto, superior al del presidente del Gobierno-. La percepción es quizá equivocada, pero está ahí y no hay quien la cambie: no cabe en cabeza humana que en dos años los miembros del TC no hayan sido capaces de emitir un dictamen sobre la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña, y lo que es más grave, es muy probable que lo hecho hasta ahora no sirva absolutamente para nada, porque si no hay dictamen en unas semanas los nuevos miembros del Tribunal, que accederán a sus cargos en cuanto exista un acuerdo entre PSOE y PP, harán su trabajo empezando desde el principio, pondrán el contador a cero. Y si eso ocurre, y puede ocurrir, no habrá sentencia sobre la constitucionalidad del Estatut hasta dentro de años, con todo lo que eso significa de problemas, e incluso convulsión, en la economía, la política y la sociedad.

El camino ha estado sembrado de escollos, las cuestiones procedimentales, recusaciones, contrarrecusaciones y demás episodios que se han producido en los últimos meses han provocado no sólo tensiones a veces insoportables sino necesidad de tomar decisiones sobre esas iniciativas de tanta carga política, PSOE y PP han hecho cuanto estaba en su mano para mantener su mayoría en un caso o para intentar cambiar el sentido de la mayoría en el otro, con una falta absoluta de responsabilidad y de respeto a la supuesta independencia de los magistrados del Tribunal y de su presidencia, se han dedicado a hacer suposiciones sobre la constitucionalidad del Estatut en función de la posición que, pensaban, tendrían los miembros del TC según hubieran sido designados en el cupo del PSOE, del PP o de CiU, lo que indica que en esos partidos creen que los magistrados votarán según convenga a los partidos que los incluyeron en el Alto Tribunal. Pero si las tensiones internas, tensiones políticas, han provocado retrasos, nunca pueden ser tantos como para haber sobrepasado ampliamente el tiempo que exige el decoro, y más aún cuando pende sobre el TC la espada de Damocles que echa por tierra el trabajo realizado hasta ahora si se procede a la renovación de los vocales antes de que se haga público el dictamen sobre el estatuto.

El prestigio de las instituciones está en relación directa con el resultado del trabajo de los profesionales que las componen. Mal que le pese a María Emilia Casas y a los restantes miembros del TC, en estos años no han conseguido superar con éxito los retos que tenían sobre la mesa, a pesar de ser retos de la máxima relevancia, como el Estatut. No han sido capaces de pronunciarse sobre ese a recurso. La sospecha de la politización ha revoloteado en todo el proceso. Lo que es un mal asunto. Pésimo asunto.