LA forma en que los jóvenes contemplan la capacidad protectora del Estado es bien diferente de la de quienes somos mayores que ellos, incluyendo al propio Estado. Los mayores creen que lo sucedido es solamente transitorio, por duro que haya sido y siga siendo, y el Estado podrá volver por sus fueros, a su capacidad de querer organizarle la vida a todo el mundo por la vía de otorgar derechos, sustraer responsabilidades y pagarlos con su propio dinero. Está encogido pero no acortado, a la espera de que mejoren los ingresos fiscales -por las buenas o por las malas- para saltar de nuevo como un resorte. Las cifras de empleo y de gasto público nos muestran, contra lo que muchos dicen, que no se ha producido una contención sustantiva salvo en la inversión pública. No hemos aprovechado la crisis para transformar con valentía la estructura del Estado ni para hacer siquiera una mínima reflexión sobre el alcance lógico de sus facultades de asignación de recursos en el siglo XXI. Tampoco hemos abordado un examen sobre la eficacia de la prestación pública o privada de los servicios que cuentan con cobertura universal, quizá porque esto le toca las ideologías a la oposición. Desde luego, nada de preguntar a los ciudadanos qué es lo que preferirían, no vayan a equivocarse al elegir. Pero en esto hay algún dato curioso. Cada año se produce la mayor encuesta que cabe imaginar y en la que participaron 1.525.184 personas en 2014. Se les preguntaba si preferían la asistencia del sistema sanitario público o la de alguna entidad privada concertada. El 81,8% respondieron a favor de la entidad privada y obtuvieron la correspondiente tarjeta. Estos ciudadanos privilegiados por poder elegir se llaman funcionarios civiles y el organizador de la encuesta se llama Muface. Debe ser que no tenemos ni conciencia de clase. Este sistema concertado no es gratuito para el Estado, cuya aportación obligatoria fue 651 euros por beneficiario (2012). Pero esta cifra se compara muy favorablemente con la del gasto público en sanidad por habitante: 1.433 euros en 2011. Con todos los matices que se quiera esa diferencia de casi 800 euros por persona indica que existen unas posibilidades de ahorro descomunales simplemente con una mejor combinación de acción pública y acción privada. Por ahí tiene que empezar cualquier propuesta seria de sostenibilidad financiera del sistema, capaz de ir más allá de la gestión privada de los hospitales, simplemente dejando que las personas puedan elegir qué prefieren.

Y lo propio se puede argumentar acerca de la enseñanza pública y privada. Hemos dejado que el Estado sustraiga una responsabilidad de los padres, la educación, y que además la suplante por enseñanza, que no es lo mismo. Además, se limita al extremo la capacidad de elegir libremente el centro y no existe el número de plazas concertadas que los padres desearían. Si al menos los resultados comparativos con otros países fueran buenos existiría una justificación para mantener este modelo de elección restringida, pero ya sabemos que son lamentables y también que no se debe a una insuficiencia de recursos. En las enseñanzas primaria y media nuestro gasto por alumno en relación con nuestra renta per cápita es superior al de bastantes países que nos superan en los resultados de la enseñanza. Quizá no fuera malo que nos hagamos el sueco y establezcamos un sistema de cheque escolar como el suyo. Que los padres elijan libremente el centro y si desean o no aportar una cantidad de dinero extra para la enseñanza de sus hijos (e hijas, no se me olvide).

No es nada exiguo el porcentaje del PIB que el Estado destina a gasto social en España frente a otros países. En 2013 fue el 27,4% frente al 21,9% promedio en los países de la OCDE, En Francia, el máximo, fue 33%; en Dinamarca y Bélgica fue 30,8%, en Suecia 28,6%.y en el Reino Unido 23,8%. ¿Es necesario recordar que todos estos países tienen una renta per cápita mayor que la nuestra -no, no hemos superado a Francia en el plazo previsto- y que la renta disponible después de impuestos es también bastante mayor que la nuestra en lo sustantivo; o sea, en euros en el bolsillo? Además, nuestro progreso en esta variable ha sido muy intenso, casi 12 puntos porcentuales desde 1980 y no partíamos desde casi cero, sino de un 15,5% muy meritorio para los ingresos fiscales de entonces. Donde sí hay una gran diferencia es en el gasto privado. El de carácter voluntario es sólo 0,5% del PIB en España, frente a 2,8% de Francia, Suecia o Dinamarca o el 5% del Reino Unido (año 2009, último disponible). El Estado no paga todo en esos países.

Algunos parecen creer que todo se resuelve con más impuestos o que la recuperación de los ingresos fiscales va a ser rápida y se podrá traducir en mayor gasto social. Pero ni lo primero es solución ni lo segundo va a suceder, porque el problema está en una base fiscal exigua debida al enorme desempleo que padecemos y no en la recaudación por contribuyente cuadrado. Además, hemos creado un gran volumen de deuda pública y la pagamos a un tipo de interés mayor que nuestro potencial de crecimiento, con lo cual hacemos crecer la bola de nieve y destinamos cada vez más recursos al servicio de la deuda. Menos mal que es soberana y la repagamos emitiendo nueva deuda.

Nuestra solución no está en más Estado. Éste se ha salvado a sí mismo, en primer lugar, convenciéndonos de que así nos salvábamos todos. La solución va por otro camino: más libertad de elegir para las personas y más medios para que puedan ejercerla, simplemente con menos impuestos porque "si dinero no hay elijan". Claro que a los que carecen de empleo no les preocupan los impuestos, pero el Estado no es capaz de producir desarrollo económico por sí mismo, esto sólo lo puede hacer la función empresarial aquí y en China, el país de la "desplanificación planificada". Pero el Estado no está facilitando las cosas, porque los impuestos son tan elevados que tienen contenida la capacidad de consumo -que se traduce en empleo- y la capacidad de ahorro -que se traduce en inversión para transformar el sistema productivo-. Lo que hemos vivido no es un simple período bajo y prolongado del ciclo de negocios, es algo mucho más serio: es la constatación de que nuestra estructura productiva no sirve para ofrecer trabajo a millones de desempleados ni para sostener un Estado del tamaño que han decidido por nosotros. Y esta transformación no se define en el BOE sino en la identificación y aprovechamiento de oportunidades de negocio aquí y por el resto del mundo. El papel del Estado no es el de señalarlas, en esto tiende a no acertar, sino el de no dificultar y no impedir, exactamente esto, que puedan ser aprovechadas por la iniciativa privada. No nos engañemos, la causa del aumento de la desigualdad en España, ahora tan noticiosa, no está en un gasto público social rebajado. Está en el desempleo. Por eso no podemos dejar que el Estado y los estatalistas aprovechen las desigualdades para tener una nueva fuente de legitimación. Ya hemos visto que sólo es capaz de reducirlas cuando nada en la abundancia fiscal, pero no es capaz de resolverlas.