UNA vez más el Gobierno de Gibraltar, y es recurrente con el actual gabinete de Fabian Picardo, ha optado por tensar el contencioso. Y lo ha hecho, como acostumbra, asfixiando al humilde colectivo de pescadores de bajura de La Línea de la Concepción y Algeciras. La semana pasada lanzó decenas de bloques de hormigón y puntas de hierro al fondo del caladero que usan estas pequeñas embarcaciones. Con ello ha erradicado toda posibilidad de pescar con las artes que utilizan (y que están legalizadas por la Unión Europea) pero que los llanitos rechazan. Aunque el objetivo es político, es sobre todo un ejercicio de soberanía sobre las aguas que rodean el Peñón y que considera bajo dominio británico, a pesar de que el Tratado de Utrecht que dio la propiedad de la Roca a la Corona inglesa hace 300 años excluye esa posibilidad y a que España ha excepcionado a Gibraltar en todos los convenios que ha firmado al respecto. El gobierno de Picardo, supuestamente socialdemócrata, no ha tenido empacho en consumar esta agresión que deja sin sustento a familias españolas de extracción humilde y que se ganan la vida honradamente pescando en las aguas españolas que rodean la Roca. La reacción española ha ido de menos a más. Primero incrementó de manera notable los controles que legalmente está obligado a hacer en la Verja, pese a ser ambos países (España y Reino Unido) miembros de la UE, pues no es frontera Schengen por la diferente fiscalidad que tiene la colonia. La presión está generando enormes colas -hasta de siete horas- y gran enojo de las autoridades gibraltareñas e incluso británicas, que han protestado diplomáticamente. Después ha denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente el lanzamiento al mar de los bloques de hormigón y puntas de hierro. Finalmente ha anunciado el despliegue de un plan de medidas de presión a la población gibraltareña que reside en España, a la que cobrará impuestos. También incrementará controles al fraude, al contrabando y al juego on line. Incluso está dispuesto el Gobierno de Mariano Rajoy a rescatar la tasa de congestión que el último alcalde del PP en La Línea quiso implantar, aunque ahora se plantea aplicarla por los problemas de trafico que genera y con un importe muy alto, 50 euros por salir o entrar por la Verja. España, y es un gran acierto, ya no acepta más la política de hechos consumados de Picardo, que insiste en discursos amables de mano tendida mientras actúa contra intereses españoles. Los gibraltareños tienen que asumir que la política radical de Picardo tiene consecuencias y que se abre un nuevo tiempo si no rectifica y retira los bloques del mar.

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