Gracias al uso común realizado por la Unión Europea y a su aplicación al sector turístico por la Organización Mundial del Turismo, hablamos de gobernanza refiriéndonos al "buen gobierno": apertura, participación, responsabilidad, eficacia, coherencia, transparencia, proporcionalidad y subsidiariedad. Es lo mínimo que se debe exigir a un buen Gobierno en el siglo XXI.

Es el reto del consejero de Turismo, Luicano Alonso. Tras los cien días de cortesía, comienza el ser o no ser de su mandato. De cómo combine sus cartas dependerá su futuro. Posee buenas condiciones innatas, pero hasta ahora no ha enseñado demasiado su juego, o no le han dejado hacerlo. Es algo heterodoxo, muy leal y bastante honesto. Tiene una edad idónea para acceder a un cargo público institucional, lo que limita su ambición política, y un gran conocimiento de la superestructura política. Cuenta con poco margen: o es muy bueno o no será el consejero que más tiempo haya ocupado esta cartera.

Para ello tendrá que colgar un gran cartel, contar con una ganadería brava, una plaza adecuada y un buen público. Hasta ahora, no hay cartel, y ni la ganadería ni la plaza ni el público responden al perfil de lo que el sector turístico necesita, y él también.

El cartel tiene un nombre: Gobernanza Turística. Nadie la ha querido torear, por ignorancia, o porque sus intereses estaban más allá de gestionar solamente para y en pro del sector turístico. No se puede gobernar el turismo bajo un modo espasmódico, a base de tirones, rodeado de tiburones profesionalizados en sus funciones.

Debe exigir a los gestores que le acompañan que cumplan los principios de la Gobernanza Turística. No pueden seguir fallando en responsabilidad, eficacia y eficiencia, coherencia, consistencia, transparencia, participación, etcétera. Son empleados públicos, sea cual sea su nivel de responsabilidad, incluidos los de las empresas públicas, a las que se debería someter regularmente a una auditoría externa de gestión. En éstas últimas, las superestructuras sin control no actúan en base a los retornos económicos, sociales y políticos de sus programas y proyectos, como instrumento de la estrategia de la política turística de la Junta de Andalucía, sino como un ente que se justifica en sí mismo y con relaciones preferenciales.

La ganadería ya ha estado en otras corridas y está resabiada. Algunos han conocido la alfombra roja y es humano que no la olviden. Otros han sido indultados porque son buenos profesionales y merecen volver al ruedo; son, sin embargo, los menos.

A los resultados me remito. Véase el caso de la gestión de las subvenciones. Muy lejos de ser modelo de eficacia y de eficiencia.

Deberíamos acabar de una vez por todas con el vocablo subvenciones. Otros ya lo han hecho. Incentivos responde mucho mejor a lo que un apoyo público debería representar. La palabra ha degenerado, convirtiéndose en algo que se administra con cierta discrecionalidad y que algunos valoran como un retorno económico merecido, dejando de ser realmente finalista y creando, además, vínculos estables.

Hasta ahora la plaza tiene forma de mesa rectangular o cuadrada, con la Administración a un lado y la interlocución social, al otro. Para empezar, la mesa, que no cama, debería ser redonda. Además, se deben incorporar muchos de los modos de hacer de la Administración europea, mucho más moderna que la nuestra, que es del siglo XIX.

Se debe pasar de la cultura de la consulta, a la de la participación y la corresponsabilidad -o sea, al partenariado-, coparticipación en todos los ámbitos y momentos en los que se haya de adoptar decisiones, de gestionar las mismas, de realizar el seguimiento, control y valoración de los programas, planes y proyectos.

Hay en marcha modelos perfeccionables, como el de IDEA, la Agencia de Innovación. No se trata de sustituir a la Administración, ni de intervenir en todas las parcelas que sean propias de los gestores públicos, ni en la aplicación de estrategias, que deben emanar tanto del programa del partido político que esté en el Gobierno en cada momento, como de los acuerdos de concertación social entre patronal y sindicatos con la Administración pública. Hay que romper la barrera obsoleta de la participación que representa hoy la denominada interlocución social, presente en todas las áreas de encuentro con la administración. Los interlocutores sociales monopolizan todos los foros, sustituyendo a la sociedad civil y desvirtuando su razón de ser. Mención aparte necesitaría la propia selección de las personas que actúan en la práctica como cabeza visible de los mismos.

La creación de una Agencia para la Promoción y la Innovación del Turismo en Andalucía, con un Consejo Rector paritario, sería un instrumento de gran potencia para una política del turismo andaluz sostenible, eficaz y eficiente.

La gestión actual no lo es. No hay coordinación, ni coherencia, ni consistencia entre las políticas turísticas de la oferta, la planificación y ordenación turísticas y de la demanda, ni de la promoción y comercialización, y no siempre por culpa de los gestores de dichas áreas, sino porque la estructura funcional de la propia Consejería no da más de sí. Es imprescindible la creación de una Secretaría General de Turismo, con rango de Viceconsejería, que sea operativa y competente en materia turística.

No podremos hablar de Gobernanza Turística si dejamos la representación de la sociedad civil en las exclusivas manos de los denominados interlocutores sociales. Hay que regenerar el tejido asociativo turístico andaluz y dar participación activa y responsabilidad a las entidades más representativas y más dinámicas. La Mesa del Turismo debería ser el reflejo de la realidad y de los intereses sectoriales, lo cual no ocurre actualmente.