MIRA por dónde, el Gobierno de la nación ha venido a aceptar la exagerada pretensión de la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía de que su decreto, y después su ley, contra los desahucios, eran poco menos que revolucionarios y antisistema y no una modesta reforma de contenido social y de alcance limitado.

Verán. El decreto, y luego la ley, impulsados por Elena Cortés (IU), prevén la posibilidad de que la Junta expropie temporalmente el uso -no la propiedad- de viviendas en manos de los bancos para evitar que sean desalojados por impago aquellos inquilinos que, empobrecidos por la crisis, no puedan hacer frente al alquiler. La norma exige tales requisitos que sólo beneficiaría a un reducido colectivo de andaluces en situación realmente desesperada.

Ni por esas. El recurso que el Gobierno ha presentado ante el Tribunal Constitucional contra la ley andaluza sobre la función social de la vivienda es tan descabellado, tendencioso e ideológico que se vuelve en contra del que lo firma. Alega literalmente que la norma hace subir la prima de riesgo de la economía española, pone en peligro la reestructuración del sistema financiero y amenaza con provocar la desaparición de la propiedad privada. Ahí queda eso. Sólo le ha faltado al ocurrente recurrente advertir que si se da vía libre a la ley aprobada por el Parlamento de Andalucía España entera se hundiría en el sumidero de la historia. ¡Qué manera de desorbitar las cosas y asustar a las personas!

Lo ha tenido fácil Elena Cortés para refutar los argumentos del Gobierno. Le ha bastado con recordar los cuatro artículos de la Constitución que consagran la función social de la propiedad, el derecho de los ciudadanos a una vivienda digna, la sujeción de toda la riqueza del país al interés general y el deber de los poderes públicos de promover una distribución equitativa de la renta. Esto es más convincente que la peregrina idea gubernamental de que retirar temporalmente el uso de una vivienda -que no la propiedad, insisto- a una entidad financiera para que la disfruten inquilinos de pobreza sobrevenida va a producir una hecatombe en la economía no ya andaluza, sino nacional. Una catástrofe.

La ley, y antes el decreto, de Elena Cortés es plenamente reformista y socialdemócrata. Sólo el Gobierno de Rajoy ha sido capaz de convertirla en subversiva y revolucionaria con este recurso infumable. Impropio de un centroderecha moderado.