DESPUÉS de haber anunciado el ajuste más severo de la democracia, el Gobierno de la nación aplicó ayer otra vuelta de tuerca a las cuentas de las comunidades autónomas obligándolas a un saneamiento más estricto. No consiguió la unanimidad. El Consejo de Política Fiscal y Financiera, que reúne bajo la presidencia del ministro de Hacienda a los consejeros homólogos de las comunidades autónomas, constató ayer la oposición de varias de ellas al plus de austeridad planteado por Cristóbal Montoro. Los gobiernos de Andalucía, Cataluña, Asturias y Canarias votaron en contra del planteamiento gubernamental, en tanto que los consejeros de Castilla y León y Extremadura, militantes del Partido Popular, se abstuvieron y otros territorios de control popular también mostraron su malestar. De manera resumida, la postura del Ministerio de Hacienda supone endurecer los objetivos de déficit de las autonomías, de modo que la flexibilidad lograda por España en el Eurogrupo (la desviación del déficit prevista para este ejercicio era del 5,3% del PIB y pasó al 6,3%) sólo fuese utilizada por la Administración central, sin compartir el punto de déficit. Al contrario, el Gobierno ha impuesto que los objetivos de déficit autonómico de 2013 y 2014, que fueron fijados por el Ejecutivo de Zapatero en un 1,1% y un 1%, respectivamente, queden establecidos en el 0,7% y el 0,1%. No ha habido, pues, un reparto equitativo del esfuerzo común contra el déficit. Es cierto que algunas comunidades autónomas se están alejando del cumplimiento de la ley de estabilidad presupuestaria y que en el campo de la reducción de estructuras y empresas públicas casi ninguna está haciendo honor a sus compromisos, pero el Gobierno tendría que haber aceptado que las autonomías pudieran gozar de un respiro, facilitado por el Eurogrupo, en sus actuales asfixias financieras, que se traducen en impagos y recortes en sanidad y educación. Las comunidades autónomas son también Estado, para lo bueno y para lo malo.