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Editorial

El Gobierno ayuda a los proveedores

EL anuncio del ministro de Hacienda, al recibir el premio de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos y del Grupo Joly, no pudo ser más contundente: "Ninguna administración se va a volver a financiar a costa de no pagar a sus proveedores". La declaración constituye una vuelta de tuerca en el decidido propósito del Gobierno de evitar que las políticas que desarrollen las administraciones públicas de todos los niveles se descarguen sobre las espaldas de los proveedores de servicios y suministros. Ya se dio un primer paso importante con la aprobación de la Ley de Morosidad que obliga a los gestores públicos a saldar sus deudas con los proveedores con los que libremente han contratado, completado con el plan especial de pagos que se puso en marcha el año pasado y que permitió transferir a empresas y autónomos 27.000 millones de euros correspondientes a más de cinco millones de facturas, algunas de las cuales se arrastraban, insólitamente, desde hacía veinte años. Ahora se trata de crear un instrumento legal en virtud del cual un proveedor de cualquier administración podrá dirigirse directamente al Ministerio de Hacienda a fin de que éste arbitre la fórmula de que la deuda quede zanjada. Dado que Hacienda gestiona la participación en los ingresos del Estado de todas las comunidades autónomas y los ayuntamientos, la fórmula se adivina automática y rápida: el Ministerio detraerá de estos recursos las cantidades debidas por un ayuntamiento o una autonomía morosa, que de esta manera saldará su deuda forzosamente. Se trata de un mecanismo duro y drástico, que causará dificultades a numerosos municipios y comunidades autónomas. Tendrán que afrontarlas con el espíritu de habituarse a no gastar lo que no tienen. Porque son más graves las dificultades que se han planteado hasta ahora a empresarios y autónomos que han trabajado sin cobrar, arruinándose y generando pérdidas de riqueza y empleo. Es un triunfo del rigor.

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