Editorial

Un Gobierno débil que improvisa

LA imagen proyectada por el Gobierno de la nación a cuenta de la controvertida decisión de implantar una ayuda de 420 euros mensuales a los parados que hayan agotado las prestaciones por desempleo no ha podido ser más negativa. Apenas dos semanas después de haber aprobado el decreto limitando la ayuda a los desempleados a partir del 1 de agosto, y tras las protestas sindicales, Zapatero accedió a ampliar la prestación contando a los beneficiarios desde el 1 de enero, desautorizando a su ministro de Trabajo, que dos días antes defendía ante los dirigentes de los sindicatos la imposibilidad de aceptar sus reivindicaciones a fin de no aumentar el déficit público. Aparte de la presión sindical, el Gobierno cayó en la cuenta de que necesitaba el respaldo de los grupos parlamentarios nacionalistas y de izquierdas para sacar adelante la iniciativa en el Congreso. En resumidas cuentas, la conveniencia electoral de no defraudar las expectativas sindicales y la debilidad parlamentaria del Gobierno han marcado el despliegue final de la subvención a los parados. Hay otro aspecto de la cuestión nada desdeñable: al incrementarse el número de posibles beneficiarios, el coste total de la operación se calcula por encima de los 1.300 millones de euros anuales, con la agravante de que se ha cedido igualmente a la exigencia de IU de que la medida sea permanente en vez de subordinarse, como estaba inicialmente previsto, a que la tasa de paro continúe por encima del 17% de la población activa. Da la impresión de que Zapatero, decepcionado en su proverbial optimismo por la tozudez de una realidad de crisis sin atisbo de final, va reaccionando a las malas noticias económicas con palos de ciego, improvisando medidas que rectifica sobre la marcha y sin dar cuenta a los ministros de sus cambios de posición. La gravedad de la crisis que padecemos obligaría a todo lo contrario, a un plan claramente definido que tenga muy en cuenta los costes de cada programa y cada norma, su inevitable repercusión fiscal y la necesidad de contener el déficit público, fuente de indudable empobrecimiento colectivo.

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