LOS inmigrantes sin papeles volverán a tener acceso a la Atención Primaria en todo el territorio nacional a través de los centros del Servicio Nacional de Salud, según anunció ayer el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso. Los inmigrantes irregulares no van a recuperar, por el contrario, la tarjeta sanitaria que les fue también retirada por la reforma sanitaria del año 2012, auspiciada por la antecesora de Alonso, Ana Mato, dimisionaria por su imputación en el caso Gürtel. Esta reforma ha sido, pues, rectificada por el Ministerio de Sanidad en vísperas de las elecciones autonómicas y municipales, en la parte sustancial: la que denegaba la asistencia sanitaria a los sin papeles, que solamente han podido ser atendidos durante este tiempo en los casos de urgencias. Precisamente el deseo de no colapsar las Urgencias ha sido explicado por el ministro, y ratificado por el presidente Rajoy, como uno de los objetivos perseguidos por el cambio anunciado ayer, junto a argumentos de salud pública y otros de orden práctico. "Parece más sensato y razonable", ha dicho Rajoy, mientras Alfonso Alonso ha declarado que "lo vemos ya con mucha claridad (...) creo que no tiene sentido que no puedan ser atendidos en atención primaria", es decir, todo lo contrario de lo que la ministra Mato había defendido e implantado hace tres años. El Gobierno no ha admitido públicamente que en esta reforma de la reforma hayan influido razones de carácter social, relacionadas con las penurias y dificultades que sufre este colectivo de inmigrantes que llegan y se instalan en España en situación ajena a la legalidad. Ahora les bastará el empadronamiento en un municipio para acceder a los servicios sanitarios ambulatorios. No obstante, quedan por conocerse pormenores importantes de esta prestación, ya que no está claro que los inmigrantes irregulares puedan ser derivados a un especialista y hacer frente al uso de medicamentos que se le receten en el centro de Atención Primaria sin disponer de la tarjeta sanitaria que les igualaría en derechos a los ciudadanos españoles e inmigrantes regularizados. La medida es, no obstante, positiva por cuanto favorece a una minoría marginada y condenada a permanecer en las afueras del sistema de prestaciones sociales básicas, a la vez que responde probablemente al giro que está impulsando el Gobierno en sus políticas de austeridad y recortes conforme avanza la recuperación económica y se aproximan elecciones decisivas en el ámbito nacional. También se ha producido, a este respecto, la reducción de impuestos que había prometido el Ejecutivo y que incumplió de modo flagrante en cuanto accedió al poder.