HASTA qué punto somos dueños de nuestro pasado? ¿Y hasta qué punto podemos exigir que no se sepan determinadas cosas de nuestra vida? Ahora mismo basta que alguien entre en Google y teclee nuestro nombre para que aparezcan datos que a lo mejor no nos gustaría que fuesen conocidos por nadie: una multa impagada, por ejemplo, o una notificación de embargo, cosas así. Si estas informaciones han aparecido en un boletín oficial digitalizado, esos hechos que sólo nos definen por una parte ínfima o irrelevante de nuestra vida pasan a convertirse en nuestra única identidad pública que nos define ante los demás. Y a partir de ese momento ya no somos nada más que alguien que no ha pagado una multa o que ha sido embargado, es decir, un infractor o quizá incluso un delincuente. Y eso que la multa fue saldada hace años, pero la noticia que nos sigue acusando de ese hecho ya cancelado se sigue reactivando cada vez que Google busca nuestro nombre. Y esa presencia imborrable de nuestro pasado, aunque ya haya sido anulado o expiado, puede ser muy desventajosa para nosotros si buscamos empleo, por ejemplo, o si intentamos montar un negocio o emprender cualquier clase de actividad pública. "Vaya, pero si éste es un tío que no paga las multas", dirá alguien que busque información sobre nosotros, cuando la realidad es que sólo dejamos de pagar una sola multa en nuestra vida, y luego la saldamos y encima pagando un recargo.

Pero también hay otras posibilidades. ¿Qué pasa si hemos cometido un hecho grave, como percibir sobornos o participar en alguna actividad delictiva, y años después nos dedicamos a una actividad pública o presentamos nuestra candidatura a la política? ¿Tenemos derecho a que ese pasado que nos deshonra siga existiendo en la monstruosa memoria informática de Google? ¿Podemos exigir que no se sepan estas cosas?

Es un tema muy complejo. Una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE nos asegura que nuestro derecho a la privacidad es mucho más importante que el derecho de los demás a conocer nuestra vida. Todos tenemos derecho a preservar nuestra intimidad, pero uno también se pregunta por qué tiene que haber ciertos hechos relevantes -un robo, una estafa, un soborno- que no puedan ser conocidos, sobre todo si quien los ha protagonizado es un personaje importante de la vida pública: un político, un empresario, un dirigente sindical, un banquero, por ejemplo. Pregunto, sólo pregunto.