LA máxima autoridad judicial andaluza, el TSJA, ha archivado dos causas contra el alcalde famoso de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, también diputado de IU, que actuó como jefe de un piquete informativo que provocó incidentes en Estepa (Sevilla) durante la huelga general del 29-M.

Si Dios no lo remedia -no tiene por qué- y algún tribunal superior no lo contradice, el TSJA viene con esta decisión a legitimar las acciones coactivas de los piquetes de huelga y a restringir el derecho de los trabajadores a no secundar una huelga y de los comerciantes a mantener abiertos sus establecimientos y ejercer libremente su actividad. Así está el tema.

Veamos. El piquete que lideró el simpar alcalde recorrió diversos comercios y oficinas de Estepa el 29 de marzo de 2012, jornada de huelga general decretada por los sindicatos, incitando a su cierre. Según el TSJA, no constituye infracción penal "afear la conducta a quienes no secundan la huelga ni acudir en masa a los establecimientos abiertos al público sin más arma que la palabra, el ruido o la presencia física". ¿Acaso pueden ignorar los magistrados que las personas cuya conducta fue afeada por el piquete se sintieron amenazadas? ¿Tampoco verían infracción penal si un grupo organizado de enemigos de la huelga se dedicase a acosar e insultar a trabajadores que quisieran ponerse en huelga?

La misma calificación merece al TSJA la irrupción de un piquete, siempre con Gordillo al frente, en un instituto de bachillerato de Osuna, donde increparon a los profesores que habían optado por acudir a las aulas llamándoles esquiroles y fachas y realizando manifestaciones intimidatorias que generaron un ambiente de presión general: no hubo delito, archívese la causa.

Pero donde se supera a sí mismo el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es en el auto que rechaza el carácter delictivo de otra hazaña del alcalde levantisco. Se metió con sus huestes en un supermercado y advirtió al encargado que si no lo cerraba el piquete volvería y le tiraría toda la mercancía al suelo. Agárrense ante la argumentación: los piqueteros no exhibieron armas ni objetos peligrosos y el daño con que amenazaban "resulta de escasa incidencia para un establecimiento con un importante volumen de negocios". Por tanto, no hay delito y se devuelven las diligencias al juzgado local, por si lo estima como falta.

Adelante con los piquetes. La Justicia, al más alto nivel, los acaba de bendecir.