En la Sevilla que perdimos (gracias a Dios), para ser considerado "gran propietario" se debía poseer, como mínimo, un puñado de cientos de hectáreas en la Vega de Carmona o en la Campiña. Todo lo demás -la villa en la Palmera, las acciones heredadas de tía fulanita, el haiga y su mecánico o el veraneo en el norte antes de ponerse de moda las playas del sur, de la que Pemán se reía con no poco esnobismo- era secundario. Fue la época de los señores agrícolas, resultado contradictorio de la decantación de los repartimientos medievales y la desamortización de Mendizábal. Aquella raza, que nunca se montó en un tractor ni pidió una subvención, dio a la historia y la literatura personajes funestos, pero también finos joyeles como Manuel Halcón, que fue el Lampedusa de la Baja Andalucía, el escritor acostumbrado por igual al smoking y los zajones. Eso sí era un "gran propietario" y no lo que pretende Podemos, que quiere rebajar tan oligárquica denominación a la posesión de cinco casas, escalafón al que puede llegar cualquier hijo de vecino (menos el que esto firma, que aún no ha conseguido desvirgarse en la materia). ¿Qué será la próximo, decretar el marquesado universal?, ¿sustituir las chapas de las VPO por blasones de piedra?, ¿regalarnos a todos los ciudadanos un cheque-chaqué a cuenta de los contribuyentes alemanes?

PSOE y Podemos preparan una Ley Estatal de la Vivienda en la que los morados quieren introducir esta rebaja en las exigencias para ser considerado un "gran propietario", a la que hasta la fecha se accedía con la posesión de diez inmuebles. Ni que decir tiene que no se trata de una mera cuestión simbólica y que detrás viene el volapié fiscal y el afán confiscatorio, que algo malo habrá hecho un sujeto que tenga la friolera de cinco pisos repartidos entre Rochelambert, Parque Alcosa y Sevilla Este. Ya sabemos que la alianza progresista se caracteriza más por la plutofobia que por la aporofilia. Por lo pronto, se ha sabido que su intención es que estos "grandes propietarios" dediquen el 30% de sus propiedades al alquiler social, lo que supondría la inevitable merma de sus rentas. Esto de la vivienda social, ya desde los tiempos de Franco y sus gobernadores civiles, siempre ha sido tan necesario y justo como goloso para los populistas. La diferencia es que, hasta el momento, eran las administraciones del Estado las que apechugaban con el asunto. Ahora se redistribuye la responsabilidad y a todos los que tengan un discreto patrimonio inmobiliario les toca acoger a un pobre, como la buena mesocracia de Plácido, la película de Berlanga, daba de cenar a los menestorosos. Y hablando del director de La escopeta nacional: uno se pregunta cómo hubiese actuado el marqués de Leguineche con esta ley. Lo imaginamos como gran propietario e inquilino tieso a la vez, allá en su palacio madrileño, en las antípodas de Galapagar.