NUEVA iniciativa gubernamental para afrontar la crisis. En este caso con una motivación fundamental: hacer caja. El vicepresidente Rubalcaba dice que el dinero que se recaude por la privatización parcial de aeropuertos y loterías se empleará en políticas activas de empleo, aunque hay que confiar en que, al menos una parte, se dedique a amortizar deuda exterior. Es lo que hizo el PP con lo pingües beneficios derivados de su arrebato privatizador de los 90, que tan bien supieron aprovechar en Cataluña, y tan mal en Andalucía, para impulsar una estrategia catalana de internacionalización de su economía, gracias a complicidad de la Generalitat y La Caixa. La venta de Telefónica, Campsa, Enagas, Red Eléctrica, Endesa, etc., no sólo sirvió para amortizar deuda, corregir déficits y, en última instancia, superar los tests que se establecieron en Maastricht para acceder al euro, sino que también nos ha permitido llegar a esta crisis con uno de los ratios de deuda pública sobre el PIB más bajos del continente. El problema es que ya no queda mucho donde acudir. Lo de los aeropuertos estaba anunciado y puede considerarse razonable, sobre todo si verdaderamente se consigue atraer el capital privado al conjunto de la red, y no sólo a los pocos que son rentables. Renfe o los Puertos del Estado podrían también haber entrado en el paquete, aunque lo fundamental es que todo esto tiene poco que ver con el tipo de reforma de administraciones públicas que la gravedad de la situación demanda. De lo que se trata en este momento no es de meter el bisturí en aquellos organismos o departamentos con mayor capacidad para generar recursos, sino justamente en aquellos otros que más intensamente los consumen y más ineficiencia generan.

Bienvenido, en este sentido, el nuevo anuncio ventanilla rápida para la creación de empresas, aunque se trate del enésimo y sin contar con las comunidades autónomas, que son las que, en última instancia, tienen las competencias. Por cierto, que la mayoría de ellas, incluida Andalucía, lleva años con anuncios similares, aunque hasta ahora hayan servido para poco. España ocupa el puesto 144, sobre un total de 183 países, en el ranking de Doing Business sobre facilidades para poner en marcha una empresa, y para 2011 ya nos ubican en el 147. También corresponde a las comunidades autónomas la competencia en políticas activas de empleo, lo que invita a desconfiar de las consecuencias financieras de la pretensión gubernamental de mejorar su eficiencia mediante la duplicación de la plantilla de orientadores.

Mucho más en la línea de lo que cabría esperar de un Estado de la solvencia que tan insistentemente proclaman los miembros del Gobierno, se plantea una reducción impositiva en la línea de los estímulos a la demanda que tanto nos cautivaron en el primer semestre de 2009. El problema es que seguimos resistiéndonos a recortar donde hay que hacerlo. Vender patrimonio para hacer caja y atender urgencias es una especie de suicidio financiero que terminará obligando a reducir el estado del bienestar. Es decir, a eliminar mecanismos de protección social, como los 426 euros de ayuda a los parados sin desempleo.