EL acuerdo de investidura de Susana Díaz con Ciudadanos (C's) se sostiene sobre dos pilares innegociables: la dimisión de los cargos electos imputados y la bajada de los impuestos. En su discurso de investidura, antes de sentarse siquiera a hablar con C's, la presidenta se comprometió a bajar los tramos autonómicos del IRPF, que son de los más altos de España, entre 2 y 3,5 puntos. Lo había proclamado durante la campaña electoral, aunque vinculado a una mejora de la financiación del Gobierno central. De la campaña a la investidura se cayó este condicionante, si bien es cierto que la presidenta no marcó plazos: se refirió a la legislatura. Para Ciudadanos, sin embargo, la rebaja del IRPF es una "línea roja": si el Presupuesto de 2016 no incluye un descenso del tramo autonómico, no habrá Presupuesto. O el PSOE tendrá que buscar unos apoyos improbables en IU, Podemos o el PP. Pero en la Consejería de Hacienda, donde María Jesús Montero ha comenzado a echar cuentas, no hay encaje para una rebaja fiscal. Lo sabe Ciudadanos y lo sabe Presidencia, no hay margen, aunque en el PSOE confían en "la política" para llegar a un acuerdo con el partido de Juan Marín. Una política que debe ablandar tanto a los socios como a la propia Consejería de Hacienda, que lidia en estas semanas tanto con los compromisos adquiridos por otros departamentos como con las exigencias del Gobierno central.

Susana Díaz se incorpora mañana a su despacho, y tiene hasta finales de octubre para enviar el proyecto de Presupuestos al Parlamento. A partir de entonces, corre el tiempo para negociar con Ciudadanos, pero un descenso de impuestos es demasiado importante para dejarlo tan tarde: 100, 200 ó 300 millones de euros son suficientes como para descuadrar un Presupuesto. El problema que se aduce desde el Gobierno andaluz es que la disminución de los tramos autonómicos obliga a una pequeña reforma fiscal y ésta debería beneficiar a las clases medias. La Junta podría bajar los tipos de las rentas más altas en uno o dos puntos y su nivel de recaudación no se vería muy alterado, pero el PSOE no puede presentarse ante su electorado con una reforma que sólo beneficie a los de mayor renta.

Para 2016, la Junta cuenta con 1.712 millones de euros más, pero hay obligaciones ya reconocidas y, sobre todo, hay un impedimento por parte del Gobierno central para disponer de todo ello. Es la regla de gasto, que obliga a la Junta a no aumentar su Presupuesto más allá de un 1,8%. Una lectura estricta de esta regla, que es una recomendación de Bruselas aunque no es la Comisión quien fija los porcentajes, haría imposible la rebaja. La Consejería de Hacienda ha enviado una propuesta de metodología a la Intervención General para disponer de toda la cantidad. Si no obtuviese respuesta, y ante la ausencia de una metodología, aplicaría su propio cálculo. Pero aun así, hay graves dificultades. Ya ha comprometido 300 millones de euros en subir el sueldo un 1% a los empleados públicos, recuperar el 25% de la paga extra de 2012 a los funcionarios y la totalidad de la jornada de un grupo de trabajadores públicos. Hay otros 570 millones de euros, que es el equivalente a reducir el déficit del 0,7% al 0,3%, obligado también por el pacto de equilibrio fiscal. Y, además, habría que devolver a Madrid 265 millones de euros de la liquidación del año 2013.

Juan Marín conoce estas dificultades, pero considera que el Gobierno deber comenzar a acometer desde el próximo año una rebaja del IRPF y de otros impuestos autonómicos. El líder de C's contempla incluso la prórroga del Presupuesto si no se alcanza un acuerdo, pero ello complicaría la legislatura hasta casi hacerla imposible.