DADA la solvencia con la que se realizan los barómetros mensuales del Centro de Investigaciones Sociológicas sería deseable que los responsables políticos de este país, ya se encuentren en el Gobierno o en la oposición, prestaran mucha atención a los datos que se derivan de estas encuestas acerca de cuáles son las preocupaciones ciudadanas y que revelan igualmente la separación existente entre éstas y los políticos.

Si los problemas principales de los ciudadanos, según se refleja en el barómetro de febrero, con la encuesta realizada en plena sazón del caso Bárcenas y después de que se conociera que en aquellos momentos se estaba a punto de superar los cinco millones de parados son el paro, en primer lugar, y la corrupción y el fraude a continuación, sería lógico que los líderes de todos los partidos y los agentes sociales y económicos se encerraran en una habitación y no salieran de ella hasta que alcanzaran un acuerdo generalizado para mitigar el drama del paro con todas sus secuelas, porque ya son mayoría las familias que lo viven en carne propia o tienen a su alrededor parados cada vez de mayor larga duración, o jóvenes que no encuentran trabajo. Insistir en ello se convierte en un esfuerzo baldío que conduce a la melancolía mientras que el Gobierno y la CEOE ese muestren tan satisfechos con los resultados de una reforma laboral que ha propiciado el aumento del paro con la promesa de un futuro mejor.

Y de la misma manera ocurre con la percepción de la corrupción y el fraude como segundo problema nacional -directamente relacionado con el cuarto, la desafección hacia la política y sus representantes-. Dos semanas después del debate sobre el estado de la nación y la resolución mayoritaria para atajarla, el asunto ha entrado en vía muerta a la espera de que el Partido Popular decida qué hacer en el caso del "innombrable" Bárcenas. Y mientras el caso Barcenas no se encuentre encauzado y se concrete si, finalmente, engarza con el caso Gürtel, o si existen presuntas mañas de financiación irregular, es difícil que se pueda avanzar en un pacto anticorrupción.

Lo mismo ocurre con la percepción sobre el fraude, a lo que no ayuda la amnistía fiscal promovida por Cristóbal Montoro, de tan escasos resultados económicos y con tantas incógnitas por resolver. Si, efectivamente, el Gobierno lleva a cabo las modificaciones legales para que se conozcan públicamente los nombres de los mayores defraudadores, como ha anunciado Rajoy, se estarán dando los pasos adecuados.