Cuanto más tiempo pasa desde que se levantó el estado de alarma, mayor es el avance del coronavirus, pese al sacrificio personal y económico que supuso encerrar a todo un país y paralizar casi por completo la economía. Crecen los contagios de manera directamente proporcional al aumento de la actividad social de la población. La esperanza de que el calor -más intenso en Sevilla en el mes de julio que en los veranos anteriores- mantendría a raya al patógeno se ha evaporado como una gota de sudor en el ardiente granito del centro. La amenaza de una situación similar a la que nos llevó al encierro no vendrá en otoño, está ya aquí. Las consecuencias para la vida ciudadana son cada vez más evidentes, no sólo por la obligación de sudar con el embozo de la mascarilla: cuesta mantenerla puesta, pero la responsabilidad lo exige para proteger y protegernos. La más cruda es el de la destrucción de empleo, que es ya motivo de honda preocupación. Cerca de 50.000 ocupados menos en el trimestre más duro de la pandemia, que estuvimos encerrados salvo la primera quincena de marzo. Y casi 200.000 en Andalucía. Más de un millón si el foco se pone en toda España. Y todo eso con miles de personas que siguen inmersas en regulaciones temporales de empleo, que permiten que la cifra no se dispare. ¿Pero qué ocurrirá cuando la ayuda del Estado termine a final de septiembre, si no se prorroga, o a final de año si se extiende?, algo que está por ver y que, probablemente, sea restringida a los sectores más afectados. Aunque Europa ha logrado un pacto histórico que supondrá que España reciba más de 72.000 millones a fondo perdido, según la estimación del reparto que hace el Gobierno central, dudo que el maná comunitario sea suficiente para paliar el daño que ya está hecho y el que puede sobrevenir si no se controla pronto la situación sanitaria. La temporada estival está perdida, por más que veamos algunos turistas en nuestras terrazas. El consumo está frenado en buena parte de los bienes, sobre todo los que exigen una inversión más cuantiosa. Y la recesión que vivimos, que se confirmará oficialmente a la vuelta del verano, amenaza con ser más duradera de lo que esperamos. Todo ello exige, en primer lugar, responsabilidad de cada uno de nosotros para ayudar a no expandir aún más el coronavirus. Y en segundo lugar, y más importante, medidas que permitan hacer reformas para que el mercado laboral acabe con el lastre de la temporalidad y Sevilla y Andalucía no sigan condenadas a tener un desempleo insufrible. Es hora de actuar, y no para aumentar la protección social -necesaria, a todas luces-, sino para cambiar un sistema productivo enfermo. Es la responsabilidad inmediata de los gobiernos, pese a que el de España esté ensimismado en recibir loas sin actuar.