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ES curioso que el candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, anuncie la medida que aprobará el Gobierno de la nación este viernes: la reactivación del Impuesto sobre el Patrimonio (en teoría está en vigor, pero con bonificaciones del 100%). Ello responde al propósito de Rubalcaba de liderar una oferta electoral de carácter socialdemócrata que incida menos en la reducción del gasto público que en el aumento de los impuestos a las grandes fortunas y las transacciones bancarias. Se trata más de expresar una voluntad política sobre la salida de la crisis y el reparto de las cargas que de una reforma estrictamente fiscal, ya que los ingresos derivados del impuesto reimplantado son notoriamente insuficientes. No es el único problema que presenta esta iniciativa. Por un lado, se trata de una figura impositiva que recaudan las comunidades autónomas, y el PP, que gobierna casi todas ellas, se prepara para no aplicar la tasa. Por otro, existen serias dudas jurídicas sobre si el Impuesto del Patrimonio se puede reponer por decreto sobre el Consejo de Ministros cambiándolo, como anuncia Rubalcaba, para aumentar el mínimo exento hasta un tope de alrededor del millón de euros o, por el contrario, se necesitaría una nueva ley. El PP se ha apresurado a rechazar la propuesta del candidato socialista porque, a su juicio, grava una segunda vez a los individuos que ya pagaron sus impuestos al adquirir el patrimonio en cuestión, aparte de que puede retraer el ahorro de las familias. Lo que sí está claro es que el tema fiscal será uno de los ejes de la inminente campaña electoral para el 20-N. Sería deseable que los partidos contendientes explicaran con más precisión sus posiciones acerca de una auténtica reforma fiscal en vez de ir soltando en píldoras las modificaciones parciales que se les vayan ocurriendo. España necesita una reforma fiscal de conjunto, que contemple problemas como el fraude, la distancia entre los tipos que afectan al IRPF y los que gravan las sociedades y el hecho objetivo de que la mayoría de los recursos de la Hacienda Pública salen de las clases medias.

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