Nadie se juega la vida para cruzar una frontera por capricho. Es imposible llevar el recuento de las personas que han muerto sólo en el Estrecho de Gibraltar buscando nuevas oportunidades para llevar una vida digna, huir del terror de la guerra o de la pobreza. Desde aquella primera patera que dejó un muerto sobre las playas de Tarifa aquel 1 de noviembre de 1988, que ya contase el periodista Ildefonso Sena en las páginas de los periódicos que entonces tenía el Grupo Joly, la lista es interminable.

La reiteración del fenómeno y de sus luctuosas consecuencias no debe dejarnos indiferentes. Por eso la crisis migratoria que se vive en Ceuta es, antes que un conflicto diplomático y una cuestión política, una tragedia humanitaria.

La avalancha de personas que ha cruzado a Ceuta no vino a invadir a nadie. Vino, como cientos de miles en 32 años, en busca de un futuro que sueñan mejor en Europa. Anhelan la prosperidad, y también la libertad, que se les niega en sus países de origen. Dos personas de esas 6.000 que han cruzado a la ciudad autónoma ya no podrán ser devueltos. Perecieron.

Criminalizar a esas personas no es tolerable, sin dejar de afirmar que el papel jugado por Marruecos en esta crisis ni puede ni ha sido aceptado ni por las autoridades españolas ni europeas.

El respeto a las fronteras exigido desde la UE y el Gobierno de España es indiscutible. Y que se haya permitido desde Marruecos este éxodo como respuesta a la acogida y atención sanitaria en Logroño del líder del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, Brahim Gali, un enorme desatino diplomático. Un error que hay que enmarcar en la presión que intenta ejercer sobre España y la UE para que sigan los pasos de EEUU, que en el mandato de Donald Trump reconoció la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental.

Pero los reproches también hay que hacerlos a este lado de la frontera. Los términos empleados por determinados dirigentes políticos son inaceptables, singularmente los que emplean los representantes de Vox.

Su postura intolerante choca con la solidaridad que en toda España, y en particular en Andalucía, existe con el pueblo saharaui.

No vale todo en política. Cargar contra los menores no acompañados, criminalizarlos, es inhumano. Y chantajear a los gobiernos autonómicos que, como el andaluz, van a acorgerlos, es deleznable. Llamar cobarde a la Junta por hacerse cargo de menores no es tolerable. No es una cuestión de ideología, sino de humanidad.