LA infanta Cristina dispone de mejores recursos que su distinguido esposo en el feo asunto Nóos. Tiene al menos tres cosas de las que carece el pobre de Iñaki. La apoya la Familia Real, que se comporta en este caso como cualquiera otra con sus allegados, considerando veniales los indicios y minucias las sospechas. Incluso, se permite hacer un comunicado en el que censura al magistrado, al mostrar su sorpresa, y aplaude el desacuerdo del fiscal con la imputación decretada por el juez Castro. La sorpresa en realidad es retórica: lo sorprendente es que no se hubiese producido antes.

Cuando el Rey en su mensaje de Navidad dijo aquello tan bonito de que la justicia es igual para todos y que cualquier actuación censurable debe ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley, pensaba sólo en Urdangarín. Pero inevitablemente ponía también el foco en su hija y, dicho sea de paso, en sí mismo. Si la legislación tiene que afectar a todos por igual, la Ley de Transparencia que se tramita en Las Cortes debería incluir a la Casa del Rey, sin excusas. El Gobierno llevaba dos meses negociando con la Corona el asunto de tapadillo, pero ayer lo destapó la agencia Reuters. En vista de lo cual, la vicepresidenta Santamaría reconoció que se están estudiando otros marcos jurídicos europeos. Pero no. En este momento procesal, lo que conviene no es colocarse en la media europea, sino a la par con la legislación más exigente que haya en la materia. En esta coyuntura, en nada ha beneficiado a Su Majestad la herencia suiza mantenida allí décadas, cuando el ministro de Hacienda critica a actores o deportistas por tener capitales distraídos en el extranjero.

La segunda ventaja de la princesa española respecto a su marido es el fiscal Horrach, aplaudido imprudentemente desde la Zarzuela. El acusador de Iñaki recurrió ayer la imputación de su esposa, con el argumento de que no hay hechos, datos, circunstancias, documentos o testimonios nuevos que incriminen a Cristina de Borbón. Según este inferior jerárquico del fiscal general del Estado, hay ahora los mismos indicios que cuando se rechazó la imputación de la Infanta en marzo de 2012.

La tercera diferencia entre la pareja encausada es también notable: el abogado de la hija del Rey es uno de los padres de la Constitución, Miquel Roca. Y ya conocen la traza que se gasta el letrado que asiste al pobre de Iñaki. El duque tiene toda la pinta de ser un hombre cada vez más pobre.