POR la galaxia del correo electrónico y las webs circulan profusamente llamamientos a hacerle una campaña de boicot al Grupo Sol Meliá por alquilar del 21 al 23 de este mes las instalaciones del Hotel Meliá Sevilla, junto a la Avenida de la Borbolla, a los organizadores del IX Congreso de la Federación Internacional de Profesionales del Aborto y la Contracepción (Fiapac). Las convocatorias para protestar ante las puertas de cualquier establecimiento de la cadena Meliá se han extendido incluso por América Latina, a instancias de las asociaciones antiabortistas. Lo que en un principio eran solamente críticas políticas e ideológicas contra el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía por apoyar esta convención médica, se han convertido en andanadas contra todo aquél que tenga alguna relación aunque carezca del más mínimo grado de participación en el contenido y finalidad de esa actividad. Y no hay que confundir churras con merinas.

Los miembros del Foro de la Familia, de Hazteoir.org y otros colectivos radicalmente opuestos a cualquier práctica abortiva (modosos cuando gobernaba el PP y Aznar mantenía en vigor la Ley del Aborto) tienen todo el derecho a defender sus ideas, a protestar y a captar adeptos. Más aún en un tema donde los conceptos de conservadurismo y progresismo están equivocados moralmente a la hora de gestionar la natalidad. Pero es una pasada poner contra la pared a un hotel porque sean contratados sus salones, donde se celebran multitud de reuniones médicas, por parte de un congreso de una organización legal sobre una actividad legal cuyo comité científico está compuesto por ginecólogos suecos, franceses, británicos, belgas, alemanes, italianos, etcétera, ligados a universidades y hospitales respetables.

Si cenan en un restaurante, compran en una joyería o van a un teatro, ¿también se acusará a éstos de ser cómplices de la industria abortista y de manchar de sangre la imagen de Sevilla?