LA concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Sevilla, Josefa Medrano, se sentará en el banquillo de los acusados por haber denegado la utilización de un centro cívico municipal para un homenaje al escritor Agustín de Foxá. Así lo ha decidido el Juzgado de instrucción número seis de la capital andaluza, que le imputa un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas, recogido en el artículo 501 del Código Penal, que castiga con entre uno y tres años de prisión a quienes inciten " a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias". Medrano, que pertenece a Izquierda Unida, alegó durante su comparecencia que prohibió el homenaje para evitar altercados y desórdenes, tras haber recibido llamadas y correos electrónicos que le advertían de la condición política de Foxá, militante de Falange y coautor del Cara al sol. Es evidente que la concejal ejerció la autoridad que le delegaron los ciudadanos con intolerancia y sectarismo, eludiendo el componente literario del escritor, que fue el móvil de los organizadores del homenaje, y anteponiendo su visión ideológica a su papel como administradora de los recursos públicos. No obstante, su procesamiento ha de considerarse una exageración, ya que la conducta de Josefa Medrano constituye una expresión de partidismo exacerbado, o de ignorancia supina, pero no parece penalmente punible. La edil debe ser reprobada políticamente, y su actitud ya ha sido suficientemente rechazada en el ámbito social y cultural, pero resulta excesivo aplicarle un tipo penal reservado para manifestaciones racistas y gravemente discriminatorias. Medrano se equivocó, y ofreció razones disparatadas e incluso contradictorias para justificarse. No creemos que deba ser sancionada con una condena de prisión, que sería necesario reservar para comportamientos más punibles y gravemente atentatorios contra los derechos y libertades y que son una severa amenaza para la paz social. El procesamiento tendría que ser anulado en instancias superiores.