TODAVÍA no ha aprobado el Parlamento andaluz la creación de una comisión que investigue el fraude en los cursos de formación de la Junta de Andalucía y ya los dos partidos que la promueven se están peleando. Partido Popular y Ciudadanos se disputan la presidencia de la nonata comisión. Hasta han sido incapaces de suscribir una iniciativa conjunta y han presentado dos propuestas, prácticamente idénticas.

No se fían unos de otros. Según Ciudadanos, el PP no está legitimado para presidir la comisión a causa de sus casos de corrupción; según el PP, el pacto que permitió la investidura de Susana Díaz gracias a los diputados de Ciudadanos hace sospechar que este partido dirigiría una comisión blandengue y contemplativa con las irregularidades socialistas. Tampoco Podemos ni IU ven bien el protagonismo de los de Juan Marín-Albert Rivera.

Si ellos desconfían unos de otros, ¿cómo van a confiar los andaluces en que hagan bien su trabajo, es decir, se esfuercen y colaboren para que la comisión parlamentaria pueda establecer cómo y por quiénes se dilapidó, durante años, en beneficio particular el dinero destinado a la formación de los parados? Difícilmente, y menos con el precedente de la comisión investigadora del caso de los ERE, que acabó en nada porque las conclusiones, elaboradas por IU, le parecieron al PSOE demasiado inculpatorias para la Junta y al PP demasiado exculpatorias.

Ése es el problema de las comisiones parlamentarias de investigación en España: que los diputados de cada partido representado en ellas no buscan la verdad, sino su verdad. Aquella que mejor se adapte a sus pre-juicios (el juicio previamente adoptado sobre la cuestión investigada) y más convenga a sus intereses (desgastar al adversario para reforzar la posición propia). Siguiendo el desarrollo de alguna de estas comisiones uno tiene la impresión de que las conclusiones de cada grupo están ya escritas desde antes de constituirse y de que no las van a alterar bajo ningún concepto. Nuestra cultura política es así de partidista y sectaria.

Y nos obliga a ser escépticos también sobre el balance de esta comisión investigadora sobre el mangazo de la formación. Se cerrará sin dictamen conjunto, con votos a favor y en contra y denuncias mutuas de los cinco grupos parlamentarios existentes. El caso quedará, como siempre, sólo en manos de la Justicia. Lenta, pero segura.