EL concepto del fair play anglosajón, que nació, como todos ustedes saben, en el mundo del deporte, podría resumirse perfectamente en la afortunada frase que empleó Pierre de Coubertin, padre del olimpismo moderno, para explicar su elemento esencial. Decía más o menos el famoso barón que en el deporte lo verdaderamente importante no es ganar sino competir; y ese, desde comienzos del siglo XX, es precisamente el espíritu que inspira algo tan importante para nuestra civilización como el movimiento olímpico.

Pero si queremos ser todavía más precisos a la hora de definir este bello concepto, podríamos decir que el "juego limpio" significa sobre todo mantener en la competición, esencia del deporte, un comportamiento leal, honesto, sincero y correcto, no sólo con el contrincante, sino también con el árbitro, y sobre todo con las personas que la presencian y disfrutan con ella.

Reflexionando durante estos últimos días sobre lo que está sucediendo en la política andaluza, a propósito del veto socialista y comunista a la presencia de algunos de nuestros alcaldes en las listas que pueden presentar los partidos políticos en las próximas elecciones autonómicas, y que nos llevará, sin duda, a principios de septiembre, a la tramitación urgente en el Parlamento de una ley de reforma de nuestro régimen electoral, todos los caminos que he seguido para intentar encontrar la verdadera esencia de este agrio debate me han conducido al mismo lugar: precisamente al concepto de fair play del que les hablaba, ya que, al igual que ocurre en el deporte, la competición, la contienda entre pares, está también en el centro de la vida política.

Entiendo, en este sentido, que sobre el fondo de la cuestión, es decir, sobre si es o no conveniente que una misma persona ostente simultáneamente dos o más cargos públicos, aunque reciba emolumentos sólo por uno de ellos, es perfectamente defendible cualquiera de las dos posiciones posibles. Incluso me parece legítimo que después de haber mantenido una de ellas, con el paso del tiempo se pueda mantener la contraria -tal y como, al parecer, ha sucedido en Andalucía con los dos grandes partidos-, ya que, lógicamente, los tiempos y las circunstancias cambian, y no es ni siquiera razonable, en general, que una persona mantenga una postura inamovible sobre cualquier asunto durante toda su vida.

Ahora bien, creo, sin duda, que en este momento, la parte fundamental del debate abierto no es la relativa al pluriempleo de nuestros políticos, sino la de la inconveniencia de que las reglas esenciales del juego democrático, como son las que regulan las convocatorias electorales, puedan ser modificadas unilateralmente a voluntad del partido político que circunstancialmente ostente en cada momento la mayoría suficiente para ello.

Respecto de la primera cuestión -la accidental-, parece que el primer deber de nuestros dirigentes políticos es el de interpretar adecuadamente el sentir general de la ciudadanía; y éste, a pesar del caudal de conocimientos y experiencia que sin duda los alcaldes pueden aportar al Parlamento, circula claramente por el carril de la limitación de cargos y de mandatos; de manera que el futuro deberá transitar, a mi juicio, en esta materia, por la aplicación generalizada del dicho popular "zapatero a tus zapatos".

Respecto de la segunda -la esencial-, coincido plenamente, y sin que sirva de precedente, con lo que dijo el presidente Griñán el pasado 9 de junio: "Las reglas del juego no deben alterarse nunca, ni unilateralmente ni siquiera entre dos fuerzas políticas, si es posible por toda la Cámara".

Representaría, a mi juicio, una grosera agresión al fair play que el partido gobernante, después de haber perdido por primera vez en democracia unas elecciones municipales en Andalucía, precisamente a manos de los alcaldes del Partido Popular, intentase introducir por la vía de urgencia una reforma legislativa de las reglas del juego para intentar impedir, vanamente a mi juicio, la clara victoria que al Partido Popular vaticinan todas las encuestas para las próximas elecciones andaluzas. Con ello, no haría el Partido Socialista más que sumar a la previsible derrota la deshonra que necesariamente se derivaría de la evidente agresión al juego limpio que se planea.

Por eso, y con la finalidad de evitar este nuevo bochorno a la ciudadanía, harían bien nuestros líderes políticos en llegar pronto a un acuerdo, que bien podría pasar por respetar el sentir general de la gente y por hacer honor al fair play que debe presidir la contienda electoral que se avecina.

Así, pactando una reforma electoral inspirada en el principio general "una persona, un cargo", y posponiendo su entrada en vigor hasta las próximas elecciones autonómicas -las del año 2.016-, seguro que todos -los políticos y los ciudadanos- saldríamos ganando esta vez.