MIENTRAS la juez Mercedes Alaya ordenaba una serie de detenciones en relación con la venta irregular de suelos de la empresa pública Mercasevilla, la Junta de Andalucía anunciaba la posibilidad legal de abonar la defensa jurídica de los altos cargos y funcionarios públicos imputados por la que es también instructora del caso de los ERE fraudulentos, el mayor escándalo de corrupción que registra la comunidad autónoma andaluza. El portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel Vázquez, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, informaba ayer de que el pago de los gastos de defensa está recogido en el reglamento del servicio jurídico de la Junta, precisando que la norma solamente afecta a los altos cargos en activo (el viceconsejero de Presidencia, un consejero delegado de empresa pública, un director general y dos interventores) y a aquellos funcionarios que lo soliciten, y siempre que exista un informe favorable de los servicios jurídicos. El portavoz no aclaró si existe un tope sobre la cuantía que supondrá esta cobertura jurídica. Por el contrario, señaló que no se va a recurrir el polémico auto de imputación de una veintena de altos cargos y ex altos cargos dictado la semana pasada por Mercedes Alaya, aunque ha insistido en las discrepancias del Gobierno andaluz con el contenido de la resolución judicial, que, en su opinión, "señala a personas honestas y honorables que han hecho un buen servicio a Andalucía". Con la posibilidad de hacerse cargo de la defensa se produciría, en cualquier caso, una situación paradójica, ya que la Junta como tal estaría personada como acusación en el caso de los ERE fraudulentos, de modo que pagaría a la vez para acusar a algunos imputados y para defender a otros sin que se sepa muy bien cuál es su criterio para distinguirlos, algo que el secretario general del PP andaluz, José Luis Sanz, sí parece tener claro, al hablar de que el posicionamiento de la Junta supone considerar que existen imputados de primera e imputados de segunda. De todos modos, la propia Junta apuntaba por la noche que no pagaría por la defensa de los imputados. Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción ha vuelto a marcar distancias con respecto a la instrucción que dirige Alaya al solicitarle que fije un "calendario razonable" para proceder a la toma de declaración a los imputados que aún no han sido llamados, entre ellos la ex ministra de Fomento y ex consejera de Hacienda Magdalena Álvarez. La Fiscalía, en línea con lo manifestado por diversos juristas, insiste en que esas declaraciones urgentes deberían permitir la concreción de los hechos delictivos que se les imputan, algo que el auto mencionado no especificaba. Se trata de un nuevo flanco de divergencias entre la juez instructora y las posturas confluyentes en algunos aspectos del Gobierno andaluz y el Ministerio Público.

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