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HAY una constante en las encuestas que se vienen realizando desde hace meses en las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista: los gobiernos regionales sufren el desgaste provocado por la crisis económica, la recesión y el desempleo, pero en todos los casos el deterioro del Gobierno de la nación supera ampliamente al sufrido por los dirigentes territoriales. La marca Zapatero, a cuyo cobijo se cimentó el éxito electoral de numerosos presidentes autonómicos socialistas, es hoy día una rémora para la continuidad en el poder, pronto sometida a la reválida popular (elecciones catalanas en otoño, otras comunidades en 2011, andaluzas en 2012). La imprevisión, irresponsabilidad y, al final, brusco viraje del presidente del Gobierno en relación con la crisis le pasará, a buen seguro, una onerosa factura cuando vuelva a enfrentarse a Rajoy. Los virreyes autonómicos socialistas tratan de no compartir esa factura más que en la medida estricta de sus competencias y responsabilidades, que en materia de política económica general no son muchas. En este malestar y desasosiego hay que encontrar la causa última de los crecientes movimientos de desmarque de los barones socialistas con respecto al Gobierno de la nación que preside el que es desde hace diez años secretario general del partido. No hace falta recurrir a los ejemplos foráneos de José María Barreda, José Montilla o Patxi López. Desde hace semanas estamos asistiendo a una operación semejante en Andalucía, donde José Antonio Griñán, que llegó a la Presidencia de la Junta en el peor momento posible, con un modelo agotado y en un entorno de crisis más aguda que la nacional, está protagonizando numerosas tomas de posición críticas con la política del Gobierno Zapatero. Por un lado, la Junta ha mostrado su descontento con la salida escogida por el Ministerio de Hacienda y el Banco de España para la crisis de Cajasur. Por otro, se ha criticado también la eliminación de las ayudas a promotores y compradores de VPO decretada por el Ministerio de la Vivienda y se ha intentado, sin éxito, imponer una reducción del déficit público de las autonomías que tenga en cuenta el distinto nivel de endeudamiento de cada territorio. La reforma de las pensiones será, probablemente, ocasión para un nuevo desmarque del Gobierno andaluz. Griñán trata de que la caída de ZP no traiga inexorablemente la suya.

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