DOS meses después de haber tomado posesión, el Gobierno andaluz continúa trabajando a medio gas. Mientras su núcleo central, el de las consejerías, ha ido completando el organigrama tras la distribución de poder entre los dos socios de la coalición, la estructura territorial, tan relevante para un territorio extenso y complejo como Andalucía, sigue sin cerrarse. Los delegados de la comunidad autónoma en las ocho provincias, que ya deberían estar en pleno funcionamiento al servicio de los intereses generales, no han sido nombrados por los consejeros correspondientes. Esta anomalía no responde a ningún condicionante objetivo ni a la existencia de conflictos entre PSOE e IU, que ya delimitaron desde el primer momento los respectivos ámbitos de control e influencia, sino a la problemática interna del partido mayoritario. Es ya una tradición que en la designación de delegados provinciales influyan de una manera decisiva los aparatos provinciales del Partido Socialista Obrero Español. La coyuntura orgánica del PSOE, pendiente de los resultados de su congreso regional y de los posteriores congresos provinciales, ya celebrados la semana pasada, es la que ha hecho que dos meses después de constituirse el Consejo de Gobierno de la Junta todavía carezca de representación territorial. Es un mal ejemplo el que ofrecen los socialistas al subordinar a sus cuitas domésticas la ocupación de las delegaciones que en cada provincia tienen la misión de gestionar la cosa pública en beneficio de los ciudadanos de cada circunscripción. Esta demora no debe continuar ni una semana más. Cierto que las delegaciones no están vacantes, pero el hecho de que los responsables que las ostentan se encuentran en situación de provisionalidad desde que se convocaron las elecciones autonómicas del 25 de marzo obstaculiza sin remedio el impulso y la energía que requieren los problemas graves a los que se enfrentan los andaluces. Celebrados los congresos socialistas, la estructura periférica de la Junta debe ser completada. Sin más excusas.