Editorial

Una Justicia sin demora

LAMENTABLEMENTE, sólo era cuestión de tiempo que volviera a suceder un hecho tan grave y de consecuencias tan dramáticas. Raúl R. F., imputado por asesinato y supuesto encubridor de Jonathan Moya -imputado por el mismo delito y autor confeso del secuestro y muerte en Almería de la pequeña Miriam, a finales de diciembre pasado- debía estar cumpliendo una pena de dos años y tres meses de prisión cuando la niña onubense, de sólo 16 meses de edad, falleció tras recibir un fuerte golpe en la cabeza. Raúl R.F. había sido condenado por sentencia firme por la Audiencia almeriense, en noviembre de 2011, por haber agredido a una joven con la que había mantenido una relación, pero la falta de diligencia de la Administración de Justicia para dar cumplimiento a dicha sentencia permitió que este individuo siguiera libre, en la calle. Las actuaciones judiciales en curso determinarán su presunta implicación en la muerte de Miriam y, por tanto, si el desenlace del secuestro y asesinato de la pequeña hubieran sido evitables de haber estado ingresado en prisión, pero lo ocurrido pone de relieve, una vez más, la necesidad de que las administraciones públicas doten a la Justicia de los medios necesarios para que sea ágil y eficaz. En definitiva, de garantizar a todos los españoles un sistema judicial justo y unos procedimientos adecuados. Los últimos datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) indican que al término del primer semestre de 2012 había pendientes de ejecución 51.247 sentencias en los juzgados de Almería, un 12,5% más que doce meses antes (cuando había 45.517) y que en el caso concreto de las sentencias penales dictadas por su Audiencia provincial, la cifra era de 350, un 26,3% más, ya que en el mismo periodo de 2011 había 277. Los datos, con ligeras variaciones, son extrapolables e igualmente alarmantes en el resto de las provincias andaluzas. Este domingo, por otra parte, se cumple el quinto aniversario del asesinato de otra pequeña onubense, Mari Luz Cortés, a manos de Santiago del Valle, un pederasta que hoy cumple condena en la cárcel, pero que en el momento de aquellos hechos debía haber estado también en prisión por haber sido condenado en firme por abusos a su propia hija. La falta de diligencia de nuestro sistema judicial no es, en absoluto, una cuestión baladí o simple objeto estadístico, sino un hecho que propicia nuevas injusticias y que las víctimas de los delitos como los que nos ocupan vean acrecentado su padecimiento. Si la Justicia tarda demasiado en funcionar y en hacerse cumplir deja de ser Justicia. Sobre todo para los más débiles.

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