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Crónica Personal

La Justicia como instrumento

Sánchez aboga por desjudicializar la política y lo primero que hace es lo contrario, como demostró al no dar relevancia al dictamen del Supremo sobre Torra

Pedro Sánchez se fotografía con una simpatizante socialista en Fitur. Pedro Sánchez se fotografía con una simpatizante socialista en Fitur.

Pedro Sánchez se fotografía con una simpatizante socialista en Fitur. / Juan Carlos Hidalgo / Efe

Decía Pedro Sánchez que había que desjudicializar la política y, en cuanto ha sido investido, ha utilizado la Justicia para mantenerse en el Gobierno, al tiempo que la desdeña cuando se pronuncia en contra de sus intereses.

Lo último, no dar relevancia al hecho de que el Supremo ha determinado que Quim Torra debe dejar su escaño en el Parlament, lo que podría provocar que tuviera que dejar de ser presidente de la Generalitat. Sánchez sigue empeñado en mantener la cita con Torra, porque de cancelarla piensa que los independentistas podrían retirarle su apoyo y provocar la inestabilidad gubernamental si no votaran sus principales iniciativas, entre ellas los Presupuestos Generales del Estado.

El presidente critica la politización de la Justicia pero no duda en usarla para alcanzar sus fines;por ejemplo, para promover una reforma del Código Penal que revise los delitos de rebelión y sedición. Hace tiempo que tanto los dirigentes del PSOE como del PP se han referido a la necesidad de esa reforma, pero es evidente que la urgencia de Sánchez para hacerlo ya, cuanto antes, está directamente relacionada con su prisa por satisfacer a los secesionistas. Si se rebajaran las penas aplicadas a la sedición, que es por lo que el Supremo ha condenado a los promotores del referéndum ilegal del 1 de octubre, tanto Junqueras como sus compañeros podrían verse en muy corto plazo en libertad, ya que la ley recoge que los reos tienen derecho a acogerse a las leyes y normas que les son más beneficiosas y los condenados podrían hoy acogerse a que la reforma, cuando se produzca, se les aplique de forma retroactiva.

Sánchez tergiversa el sentido de cualquier reforma legal, y no la promueve como castigo al que delinque sino como premio a los que le han permitido ser presidente. Algo que escandaliza a la mayoría de los profesionales de la Justicia, incluidos destacados jueces y fiscales progresistas; como escandaliza a dirigentes del PSOE, encabezados por el presidente manchego, Emiliano García Page, y en menor medida por el aragonés, Javier Lambán, que sin ser tan claro como el primero también ha expresado públicamente su incomodidad con determinadas medidas del presidente.

La reforma del Código Penal

El equipo y los incondicionales de Sánchez alegan insistentemente que la reforma de esos dos delitos tiene como objeto igualar la consideración de la Justicia española respecto a la sedición y rebelión a la que se aplica en los países europeos, y recuerdan el caso de Alemania, donde un tribunal negó la extradición de Puigdemont a España cumpliendo la euroorden porque según sus leyes no había cometido rebelión.

Fiscales de prestigio coinciden en que en aquel caso han intervenido factores ajenos a la calificación de los delitos, como que se trataba de un tribunal de Schleswig-Holstein, región muy nacionalista que veía con buenos ojos a un Puigdemont con su mensaje de perseguido político, no por los acontecimientos del 1-O. También pudo influir que en España los jueces instruyan y juzguen, en lugar de hacerlo los fiscales –como en la práctica totalidad de los países–, y eso lleva a que en determinadas circunstancias hay tribunales extranjeros que no siempre compartan los criterios de los jueces españoles.

En cualquier caso, existe casi unanimidad en la judicatura en que el anuncio del Gobierno de que la reforma penal va a ser inminente, cuestión de meses, es un mensaje que se lanza para satisfacer a ERC y que siga prestando su apoyo a Sánchez, pero de imposible cumplimiento antes de que finalice el año.

Primero tienen que ponerse a trabajar los profesionales de la Justicia con los gobernantes y políticos que quieren emprender la reforma, y no es algo que se resuelva en días, sino que en experiencias anteriores se han prolongado meses, incluso con el trámite de urgencia. Ahí surgirán problemas con los independentistas, empeñados en que se conceda la amnistía a sus dirigentes condenados, y la amnistía no cabe en la Constitución, aunque sí el indulto, que es decisión de Consejo de Ministros y de inmediata aplicación.

Consulta no vinculante

La reforma tendría que aprobarse como ley orgánica, que obliga a contar con la mayoría absoluta del Parlamento, que hoy no los tiene Sánchez como se vio en la primera votación de su investidura. La reforma es un asunto complejo, con trámites que se pueden prolongar en el tiempo antes de llevarla al Parlamento. Y una vez en el Congreso, debe ser negociado el apoyo necesario. Tal como está el escenario político, con miembros del PSOE que no ocultan su rechazo a las iniciativas de Sánchez respecto al independentismo catalán y a Bildu, y que en los próximos meses pueden agudizarse más si el presidente no se pone límites para lograr que regresen o se afiancen en las instituciones, es posible que desde el mundo socialista se tomen medidas para cercenar las ansias de permanencia en el poder de Sánchez tumbando su Gobierno por los cauces parlamentarios. Su decisión de mantener el encuentro con Torra, condenado e inhabilitado, es un elemento que no ayuda a apaciguar las aguas revueltas que se perciben ya en algunos sectores socialistas.

El Gobierno niega que en esa cita entre Sánchez y Torra se vaya a abordar la reforma del Código Penal, pero no lo cree nadie. La palabra del presidente no vale nada desde que incumplió múltiples anuncios y promesas, pero es que nadie pone en duda que Torra quiere hablar de lo que dijo que quería hablar: referéndum, amnistía a los presos y financiación autonómica. Para los dos primeros puntos es obligado que se aborden reformas legales. E incluso de la Constitución. Por ejemplo, para celebrar una consulta no vinculante –que es lo que se intentará vender tratando de solapar la realidad de lo acordado– es necesario que sea convocada por el Gobierno central, la pregunta sea sobre lo acordado entre el Ejecutivo y los independentistas y debe ser muy clara, y en ningún caso lo acordado puede entrañar que no respeta al pie de la letra la Constitución. La oposición estará muy atenta para que así sea, para recurrir al Constitucional a poco que adviertan ilegalidad. Y éste ha demostrado sobradamente su defensa de la Carta Magna y con toda seguridad lo hará ahora con más atención a la letra pequeña porque está en juego la unidad de España.

Sánchez no renuncia a sus objetivos para mantenerse en el Gobierno y si para ello tiene que promover cambios judiciales, está decidido a hacerlo. Pero la Justicia con mayúsculas está atenta para que en su prisa por aplicar esos cambios no se salte la ley ni la Constitución. Y si pretende reformar la Carta Magna, que lo haga cumpliendo con aquello a lo que obliga la ley... y el Parlamento.

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