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jorge

Laberinto policial y judicial

muñoz

LA operación desatada por la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) con la detención del ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda ha desvelado el laberinto policial y judicial que envuelve a la macroinvestigación abierta en Andalucía por el fraude en los cursos de formación financiados por la Junta. Una investigación en la que intervienen una decena de juzgados y que alcanza tal magnitud que puede ensombrecer incluso el escándalo de los ERE.

Pero las grandes operaciones plantean en ocasiones diversos interrogantes y ponen en evidencia posibles disfunciones en los métodos de actuación. Para empezar, sorprende la aparente falta de coordinación entre juzgados y fuerzas policiales que ha hecho que dos unidades especializadas y de élite -la UDEF de la Policía Nacional y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil- estén desarrollando investigaciones que se solapan y centrando los esfuerzos sobre los mismos implicados, en este caso el ex consejero Ángel Ojeda y sus empresas.

Es un hecho constatado que desde hace meses era notorio que las empresas de Ojeda y las ayudas que recibieron estaban siendo objeto de una exhaustiva investigación por parte de la Guardia Civil. El propio ex consejero andaluz sabía que la Justicia estaba escudriñando sus empresas y las ayudas que por importe de más de 33 millones de euros habían recibido en los últimos años.

Por eso extraña aún más el momento que la Udef ha elegido para hacer la operación, con auténtica agosticidad, en plenas vacaciones estivales, y cuando la magistrada competente para instruir la causa, Mercedes Alaya, también disfruta de unos días de asueto tras impulsar el final de la investigación que afecta a las personas aforadas en el caso de los ERE fraudulentos.

Además, el juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz era ajeno, hasta ahora, a la investigación de los cursos de formación, puesto que ha entrado a conocer el asunto una vez que la Policía le ha presentado el atestado que ha motivado la detención de Ángel Ojeda y de otras ocho personas.

Sólo queda esperar que la anticipación de la UDEF a la hora de arrestar al ex consejero andaluz no haya perjudicado las pesquisas que venía realizando la UCO en el mismo sentido, porque entonces se habría hecho un flaco favor a la investigación que desde hace tantos meses se desarrolla con absoluto sigilo.

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