EL acuerdo programático y los 58 votos de los diputados de PSOE e IU -salvo el nulo de Juan Manuel Sánchez Gordillo- han permitido la investidura de José Antonio Griñán como presidente de la Junta de Andalucía para una nueva legislatura en la que el Ejecutivo autonómico de izquierdas que tomará hoy posesión tendrá que cohabitar con un Gobierno de la nación de signo contrario y poder hegemónico. Todo ello además en un contexto económico y político de emergencia diaria. Las diferencias ideológicas y de concepción de las políticas a aplicar generan un clima propicio para que la confrontación entre ambas estructuras del Estado sea constante. Basta ver los meses previos a las elecciones de marzo y el periodo del Gobierno en funciones para encontrar ejemplos sin apenas esfuerzo. Frente a esa dinámica, el acto de toma de posesión de Griñán como presidente invita al optimismo. Tanto el presidente andaluz como el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que es andaluz y diputado por Sevilla, apelaron a la lealtad institucional en esta etapa que se ha abierto por decisión de los ciudadanos. Las mutuas llamadas a la lealtad no deben quedarse entre las líneas de la corrección de los discursos políticos de una jornada como la del sábado. No. La grave situación que vive Andalucía y España exigen de los dos gobiernos altura de miras y cumplimiento estricto de esa voluntad de ser leales. La toma de posesión de Griñán debería convertirse en un punto de inflexión que evite una pelea permanente en detrimento de los andaluces. Eso obliga a ambos gabinetes a hacer el máximo esfuerzo por respetar el ámbito competencial de cada cual, atendiendo tanto la capacidad del Gobierno del Reino para determinar el marco legislativo general como el autogobierno que el Estatuto otorga al Ejecutivo de la Junta de Andalucía. Incluso aunque las diferencias sean profundas, se impone, en los duros tiempos en los que les toca gestionar, el diálogo y el respeto a la decisión que en cada caso determinó el electorado.