EL último informe de la Comisión Europea sobre la economía española lleva a cabo una revisión de los avances producidos durante los últimos años en las denominadas reformas estructurales, que tienen como objetivo ayudar en la creación de empleo y la reactivación del crecimiento.

La reforma del sistema de pensiones, que limita el acceso a la jubilación anticipada, la modificación del comercio minorista, que liberalizó los horarios comerciales y simplificó la obtención de licencias, las reformas fiscales que han reducido el sesgo en favor del endeudamiento o las reformas relacionadas con el funcionamiento del mercado de trabajo, se citan como los elementos más importantes para elevar el crecimiento potencial de la economía, estimado en un 1,3% hasta el año 2020.

Otra de las normas que se incluye se refiere a la ley de garantía de la unidad del mercado, por la que se intentan eliminar los obstáculos para la libre circulación de bienes y servicios en el territorio nacional.

Esta ley fue saludada por las empresas ante las dificultades que éstas padecían para un desenvolvimiento sin trabas por todo el territorio. Algo se ha avanzado en este aspecto. Pero como ocurre en otros casos, no se lleva a cabo una evaluación de la aplicación de las leyes y su impacto sobre la economía. Es importante realizar esas evaluaciones para medir la reducción de los costes de entrada y de funcionamiento de las empresas. Esos costes, si son elevados, reducen el crecimiento y la creación de empleo.

En el informe Doing Business de 2015 del Banco Mundial se señala que casi todas las comunidades autónomas destacan en algún aspecto de la concesión de licencias a las empresas, lo que significa que existe un amplio margen para que cada una de las regiones se beneficie de las mejores prácticas que se llevan a cabo en otras. Si esto fuera así, España pasaría del puesto 33 al 24, en el ranking del Doing Business.

No es suficiente. A pesar de que la ley de unidad de mercado pretende la simplificación de trámites y la homogeneización del funcionamiento en todo el territorio, no se ha conseguido. A modo de ejemplo, las legislaciones autonómicas para nuevos servicios de economía colaborativa, como es el caso de la empresa Uber -un resultado directo de la nueva economía digital- y la regulación de los apartamentos turísticos, difieren profundamente entre unas comunidades y otras. Uber se ha prohibido en algunas. En el caso de los apartamentos, para defender los intereses de sectores concretos -en este caso de los hoteles- se imponen unas cargas administrativas desproporcionadas e injustificadas que hacen poco menos que imposible desarrollar esos nuevos servicios a gran escala.

España necesita un acuerdo sobre el funcionamiento de las instituciones que operan en los mercados, que vaya más allá de nuevas leyes y regulaciones. Los partidos políticos tienen que entender que las comunidades no pueden escudarse en que tienen competencias exclusivas o compartidas para legislar por su cuenta e imponer unos costes más elevados de funcionamiento a las empresas y los ciudadanos. Porque de no ser así seguiremos obstaculizando, estructuralmente, la actividad económica y la creación de empleo, que es lo que todos dicen que quieren conseguir.