PRÁCTICAMENTE en cualquier foro económico surge la misma cuestión: el desespero de las pequeñas empresas y autónomos por falta de liquidez para realizar su actividad normal. Los problemas con proveedores son cada vez más frecuentes, y la desconfianza entre empresas lleva a hacer inoperantes formas tradicionales de financiación aplazando pagos.

Las medidas de política económica han servido por el momento para mantener una cierta confianza, sobre todo en el ámbito financiero; pero es más fácil tratar un problema con un número reducido de entidades y grandes empresas, por muchas dificultades que tengan, que intervenir en un mercado donde miles de empresas medianas, pequeñas y autónomos toman decisiones. Si comenzaran a cerrar empresas, el proceso podría acelerarse y llegar a una dimensión y consecuencias económicas y sociales que resulta inimaginable.

Hasta el momento, las medidas adoptadas no resultan eficaces, ya que la liquidez que se da al sistema no fluye hacia las pequeñas empresas. El Fondo de Adquisición de Activos financieros no está cumpliendo por ahora el papel fundamental que se le atribuyó en el preámbulo del Decreto: dar prioridad a los préstamos concedidos a partir de octubre para que puedan convertirse en títulos y ser adquiridos por el Fondo, proporcionando así liquidez a las entidades financieras. Sería preciso que esta prioridad pasara del preámbulo al articulado de una norma legal, convirtiéndose en condición necesaria.

En esta misma línea, los avales y ayudas deberían responder a unos compromisos específicos de financiación a empresas. Además, hay que concretar con la máxima urgencia la financiación del Instituto de Crédito Oficial, pasando de la tradicional línea de financiación de inversión, a la del circulante. Y, como medida adicional, el Estado y las comunidades podrían avalar el descuento de papel de grandes empresas solventes, de manera que sus pequeños proveedores pudieran descontarlo; aunque aumente el coste con el aval, al menos se daría salida a esas cantidades de papel que nadie descuenta.

Pero la medida estrella, la más importante, debería corresponder a las propias administraciones públicas que, a todos los niveles, desde el Estado a los ayuntamientos, tendrían que contar con liquidez para hacer frente a pagos comprometidos. Como esto es difícil, propongo un sistema que consistiría en un acuerdo entre administraciones públicas y entidades financieras, creando un sistema de facturación electrónica, que las empresas acreedoras presentarían al descuento en las entidades financieras; la comprobación y conformidad de la administración pública correspondiente sería automática, se haría el ingreso en la cuenta de la empresa y la entidad financiera quedaría como acreedora de la administración. El sistema podría extenderse al reconocimiento de facturas, como es el caso de parte de la deuda sanitaria, agilizando el pago. Cambiar criterios y hábitos de pago debería ser no una mera posibilidad, sino una opción ineludible.